Futuro incierto

La reforma de la ley del aborto ha abierto una profunda crisis en el Partido Popular que el Gobierno parece querer zanjar dejándola aparcada de facto en una larga tramitación burocrática. Así lo sugiere el hecho de que ni Mariano Rajoy ni su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la hayan defendido en el parlamento; y el Ejecutivo ha pedido una treintena de informes a diversos organismos públicos y privados antes de dar el siguiente paso. El rechazo que la reforma ha originado entre muchos votantes y dirigentes del PP es solo una de las razones de esta estrategia. La otra, quizá determinante, es el desgaste que está sufriendo el partido y que, según las encuestas, puede saldarse con una pérdida sustancial de votos ante las próximas citas electorales, empezando por los comicios europeos del próximo mes de mayo. No es un desgaste solo achacable a una iniciativa legislativa de cuño ultraconservador, pero esta parece haber acelerado el desgaste del partido del gobierno.

Minimizar los daños no es una tarea sencilla. La oposición ha enarbolado la bandera de la lucha contra un cambio legislativo que rechaza más del 80% de la población española y el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón le regaló al resto del arco parlamentario un nuevo argumento al equiparar esta semana el aborto con la falta de respeto hacia la vida del ya nacido. Sus contorsiones dialécticas, antes hirientes, suenan extrañas ahora que está casi solo en la defensa de un proyecto que está obteniendo una amplia repercusión negativa no solo en la sociedad española. A las críticas en la Eurocámara, promovidas por los socialistas, se ha unido esta semana la voz de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, que, en contra de las señales emitidas en un principio, tampoco está de acuerdo con esta reforma que prohibiría el aborto en casos de malformación del feto, salvo que sea “incompatible con la vida” y suponga un riesgo cierto (y comprobado) para la salud psíquica de la madre.

La estrategia adecuada ya no debería ser buscar el consenso, como ha prometido Rajoy, sino retirar la propuesta. La tramitación de este proyecto que nunca debió ver la luz sin consenso supone un desgaste en términos políticos y en recursos de la administración del Estado, tan necesitado de otras reformas que dinamicen la economía y mejoren el bienestar social. La ley de plazos ahora vigente en España es similar a la que rige en el resto de Europa y ha consagrado un derecho —el de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad— al que la sociedad ya no está dispuesta a renunciar. El PP alega que cambiar esa ley de plazos, que en su día se aprobó con el voto de siete partidos, era una promesa electoral. Extremar su propuesta sacando de la chistera una norma así se ha convertido en un peligroso bumerán y el Gobierno, radicalizado en esta posición ideológica más allá de lo esperado, es el único responsable del desaguisado.