Tras la falsificación, violación de derechos

Por Amaya Apesteguia, de la OCU

Tras las falsificaciones que nos seducen con sus bajos precios en mercadillos, bazares y tiendas online de internet, se esconden mafias que se están enriqueciendo, a las que les importan muy poco los derechos de los consumidores, de los trabajadores o del medioambiente. 

Los ciudadanos sabemos que en muchos de los productos que compramos existe riesgo de violación de derechos humanos en su proceso de producción, ya que gracias a la información global conocemos cuáles son las condiciones de fabricación en los talleres textiles de Bangladesh, las fábricas de tecnología de China, o las plantaciones bananeras de Colombia. En el caso de las falsificaciones este riesgo se convierte en certeza. Para el consumidor responsable que exige a las empresas que respeten los derechos humanos, los productos falsificados son una mala opción. 

Algunas veces somos estafados, pero en la mayoría de los casos, cuando compramos “chollos” sabemos perfectamente que hay algo raro: o bien se trata de falsificaciones o bien de productos robados. Se multiplican los productos falsificados en ropa, calzado, bolsos, cosméticos, productos electrónicos, accesorios de automóvil, relojes, tabaco y hasta en bebidas alcohólicas.

Tras nuestra compra a menudo se esconde una permisividad social disfrazada de solidaridad mal entendida con un vendedor ambulante que se está “ganando la vida”. Sin embargo, ese vendedor ambulante es sólo el eslabón final de una red criminal perfectamente organizada. Merece la pena conocer toda la foto para desterrar la idea inocente de que estamos ayudando a ese vendedor a comer hoy, y de paso nos estamos ahorrando unos euros.

Estas redes se nutren de fabricación en talleres clandestinos, la mayoría chinos aunque también existe alguno en España, como el reciente caso destapado en Galicia por la Policía Nacional, cuyos cabecillas se proveían de talleres portugueses y comerciaban en toda España ropa y calzado falsificado, gracias a lo cual han conseguido atesorar más de 5 millones de euros.

Son talleres donde los empleados trabajan en negro sin contrato ni seguridad social, en condiciones de explotación y con condiciones higiénicas generalmente deplorables. No se garantizan de ninguna manera las medidas de protección adecuadas para la manipulación de productos químicos tóxicos ni una ventilación adecuada en los locales, que incluso tienen rejas en los accesos para controlar las salidas.

En el proceso de importación recurren a la corrupción de aduanas en origen y buscan entre los puertos europeos hasta encontrar los más permisivos: aquellos que harán más fácilmente la vista gorda o que tienen menos recursos para inspecciones. Es tan fácil como declarar un valor menor por la mercancía para pagar unos aranceles más bajos.

En España recurren a inmigrantes ilegales, a menudo en régimen de semiesclavitud consentida hasta que devuelvan su deuda. Los propios vendedores ambulantes son víctimas de una red mafiosa que busca mano de obra barata con la que enriquecerse fácilmente. Personas que vienen a España a pasar unos años malos para optar a una vida mejor, y que difícilmente van a denunciar a sus explotadores por muy denigrantes que sean sus condiciones de vida.

El mercado de falsificaciones promociona la economía sumergida y el fraude fiscal, con el consecuente dinero que se deja de ingresar vía impuestos, a través de la competencia desleal y el intrusismo. Las empresas legales, que invierten en diseño e innovación, se encuentran con una competencia desleal con la que no pueden competir en precio porque no respetan las mismas reglas del juego, ya que no pagan impuestos, ni seguridad social, ni certificaciones de calidad.

Antes de comprar una falsificación es bueno sopesar los riesgos de ahorrarse ese dinero, y decidir si ése es el tipo de sociedad que queremos. No dejemos que nos hagan cómplices de sus crímenes.

Fotografía de apertura: taller clandestino (c) Policía Nacional - Ministerio del Interior