Mercado o Maduro

Se les llena la boca de la palabra mágica: mercado. Con ella se puede montar cualquier argumento y desmontar cualquier cautela. Si dejamos al mercado actuar, las disfunciones en la economía se arreglarán por sí solas.

Al otro lado, hay orates como Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que usa otra palabra, Estado, con las mismas propiedades curativas. Unas leyes que no se discuten y se encarga de aplicar el ejército a las puertas de las tiendas sirven para arreglar los problemas de abastecimiento.

En Europa y Estados Unidos no existe ningún riesgo de que un cabo de artillería, por ejemplo, fije el precio de las licuadoras en los comercios de los barrios. Aquí, en el primero y más desarrollado de los mundos, nos dan la doctrina cada día los directivos de empresas como Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, HSBC, Barclays y algunos otros. La lista se hace larga como la alineación de un equipo de fútbol, y uno piensa que siendo tantos los que tienen que negociar el precio del dinero está garantizada la competencia, o sea, eso que hace que los desequilibrios se corrijan, que los servicios tengan su precio justo.

Y, ya lo sabíamos, resulta que ese selecto y amplio grupo no tiene muchos remilgos ni problemas para ponerse de acuerdo y sacar una tajada abundante de las cuentas corrientes de millones de ciudadanos. Les basta a sus responsables cambiar algunas llamadas telefónicas o sentarse en un pub londinense de la City para llegar a acuerdos que nunca hace falta firmar, que tienen el mismo carácter que los de la mafia siciliana. Se acuerda un tipo de interés, y se aplica la omertà, la ley del silencio, la de la hombría.

La Comisión Europea les ha pillado porque algunos usaron demasiado el teléfono. No tomaron la precaución de dejar las conversaciones para la taberna de pijos donde reside el mercado. Y el comisario de la Competencia ha anunciado unas multas millonarias de las que solo se libran los que han denunciado a los cómplices. Es el caso del Barclays.

Es la primera vez que Europa les ha dado una buena estocada. Y el comisario Almunia avisa: esto puede ser solo el principio, ahora vienen los perjudicados. Cualquier ciudadano puede exigir que le restituyan lo robado a través de un cambio en los tipos de interés que paga por su hipoteca. Cualquiera.

El Estado ha corregido abusos del mercado. Pero ahora viene la gorda, que consiste en saber cuánto le han robado a cada uno y cómo se lo van a devolver. Las plañideras bancarias aseguran que las prácticas infames las desarrollaron empleados infieles. Bueno. Pero esas prácticas les han dado grandes beneficios. Y los sistemas informáticos de estas gigantescas multinacionales del robo que parecen ser los grandes bancos serían capaces de calcular lo que hay que devolver a cada estafado. ¿Hay que poner querellas? Desde luego que sí.

Pero los ciudadanos esperan de Europa que actúe de oficio y les obligue a ahorrarles el trámite. O podrán pensar que el chalado Maduro es más justo.