La alternativa a la austeridad es la justicia fiscal

Esta entrada ha sido escrita por nuestro colaborador habitual Alex Prats(@alexpratstweets). Con ella cerramos una semana en la que hemos destacado el impacto de las medidas de austeridad y la inequidad fiscal en el incremento de la pobreza y la desigualdad dentro y fuera de nuestro país.

Los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen la obligación de respetar, proteger y promover derechos como la salud, la educación o la vivienda. Para lograrlo, se establece que los Estados se comprometen a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos (art. 2). Por tanto, la cuestión de cómo los Estados consiguen dinero –por ejemplo, qué políticas tributarias adoptan o en qué medida solicitan préstamos que generarán deuda– es tan importante como el uso que se hace del mismo.

En materia tributaria es fundamental resaltar que no solo debemos considerar cuánto dinero se logra recaudar, sino quién lo aporta. El objetivo debe ser que aquellos que más ganan sean también los que más contribuyen a las arcas del Estado; de lo contrario, el sistema tributario estará contribuyendo al aumento de la desigualdad. Según el informe La trampa de la desigualdadpresentado por Oxfam la semana pasada, en España, la diferencia entre los más ricos y los más pobres ha aumentado casi un 30 por ciento en los últimos cinco años.

De las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos también se deriva la responsabilidad de adoptar todas las políticas y leyes necesarias para aumentar los recursos disponibles, lo cual incluye inevitablemente la adopción de medidas para atajar la evasión y elusión fiscal y la fuga ilegal de capitales.

Esta obligación conlleva la necesidad de reformar las reglas injustas actuales para lograr que las empresas transnacionales paguen los impuestos que les corresponde, incluida la lucha decidida contra los paraísos fiscales. Poner fin al secreto bancario, avanzar hacia el intercambio automático de información entre autoridades tributarias, o impedir que evasores de impuestos, políticos corruptos y otros criminales puedan esconder su identidad y dinero detrás de empresas fantasma deberían ser objetivos de cualquier estado que se tome en serio su compromiso con los derechos humanos.

Una vez presentado el marco, nos podemos plantear, por ejemplo, en el caso de España, las siguientes cuestiones:

· ¿Se están aplicando las políticas adecuadas para que los que más tienen y ganan sean los que más impuestos pagan? Pensemos en las medidas aplicadas en los últimos años, entre las que se encuentran la subida del IVA y la amnistía fiscal.

· ¿Se está haciendo todo lo posible para proteger los derechos de la población que más está sufriendo las consecuencias de la pobreza? ¿Cuál va a ser el impacto de la recién anunciada rebaja de las pensiones?

· ¿Se están adoptando las medidas adecuadas para garantizar el derecho que todos tenemos al trabajo?

· ¿Se está haciendo lo que se debe hacer para garantizar el derecho a la vivienda?

· ¿Cuál está siendo – y será - el impacto en los derechos humanos de la población de los rescates financieros llevados a cabo?

Evidentemente, la lista de preguntas podría ser muy larga. Y no, no son preguntas demagógicas, como algunos políticos pretenden hacernos ver. No es cierto que las políticas adoptadas hasta la fecha en materia fiscal sean la única alternativa posible, tal como explica el Center for Economic and Social Rights en 8 falacias sobre la era de la austeridad.

Por descontado, hacer frente a la crisis no es una tarea sencilla, pero debemos reclamar a nuestros dirigentes y políticos que a la hora de definir, implementar y monitorear las políticas fiscales pongan en el centro de su análisis y toma de decisiones la obligación de respetar, proteger y promover los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y ciudadanos a los que representan. No se trata únicamente de una cuestión de prioridades – que también -, sino de respetar compromisos que son legalmente vinculantes.