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CARTAS AL DIRECTOR

Puntualización

El 6 de mayo, en la información Las dietas de Caja Navarra se indigestan, en el gráfico Cuatro presidentes ante la justicia, se me alude así: “Jaime Ignacio del Burgo (UCD (1979-1980). Fue destituido por el Parlamento después de que la diputación le concediera un anticipo para un crédito de 81 millones de pesetas (486.819,80 euros) a una empresa de la que Del Burgo era accionista. Fue denunciado judicialmente, pero la fiscalía archivó el sumario. Siguió en política como parlamentario foral, senador y diputado en UPN y PP. Tras las generales de 2011 se retiró”.

1º. En 1980 fui acusado (EL PAÍS, 21/2/1980) de haber cometido una malversación de fondos públicos mediante la falsificación de un acta de la Caja de Ahorros de Navarra, una calumnia lanzada con la intención de apartarme de la vida política que provocó un terremoto que llevó a mi destitución como presidente de la Diputación Foral.

2º. El Parlamento Foral acordó exigir mi dimisión (14/4/1980). Ante mi negativa, fui destituido por la Diputación Foral. Decidí impugnar ambas resoluciones. En junio de 1981, la Audiencia Territorial de Pamplona declaró nulo de pleno derecho el acuerdo del Parlamento. Y en octubre de 1983 el Tribunal Supremo anuló el acuerdo de mi destitución. La consecuencia fue mi reposición en el cargo de presidente (14/01/1984) en el que permanecí hasta el fin del mandato.

3º. Jamás se abrió contra mí sumario alguno, ni fui imputado, ni procesado, ni juzgado. En noviembre de 1980, se presentó una denuncia contra mí que no pasó de la Fiscalía General del Estado, al ser inadmitida. Tampoco fui beneficiario de ningún acuerdo de la Diputación Foral. Cuando se trató de una posible ayuda a la empresa FASA, de la que había sido —aunque ya no lo era— consejero, secretario y accionista (1,3% del capital social como retribución a mi trabajo de abogado), me ausenté del salón dejando constancia en acta de las razones.

4º. El último episodio del asunto FASA fue una sentencia según la cual la responsabilidad del perjuicio patrimonial sufrido por la Diputación Foral por la concesión a FASA de un anticipo reintegrable de 81 millones de pesetas fue de los seis diputados forales que, “en ausencia de su presidente”, tomaron tal acuerdo sin exigir la mínima garantía que hubiera permitido la devolución del dinero y evitado por tanto el quebranto sufrido por las arcas forales.— Jaime Ignacio del Burgo.

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