Riesgo de retroceso

A los ocho años de haberse aprobado la Ley contra la Violencia de Género hay motivos para el optimismo, porque el número de asesinatos sigue bajando, pero también de preocupación, pues algunas decisiones políticas y legislativas en curso podrían poner en peligro los avances logrados. En lo que va de año han sido asesinadas 43 mujeres, frente a las 51 que en ese periodo lo habían sido en 2009. Se confirma la tendencia a la baja, pero el ritmo es muy lento y la cifra global sigue siendo una lacra insoportable.

Pero los datos también ofrecen motivos de alerta. Tras un periodo de ligeros descensos, este año ha vuelto a incrementarse el porcentaje de mujeres que presentan denuncia y luego desisten. Concretamente, se ha pasado del 11,54% en 2011 al 13,11% en junio pasado. Este dato es preocupante porque podría indicar que aumenta la situación de precariedad y la vulnerabilidad de las mujeres maltratadas. Algunos expertos atribuyen a la crisis este mayor número de desestimientos. La dificultad de retener o encontrar trabajo y el descenso de los ingresos familiares podría ser una razón para retraerse, lo que implica prolongar una situación de sufrimiento que no solo padecen las mujeres sino también, muchas veces, sus hijos.

Amnistía Internacional ha denunciado que las mujeres maltratadas siguen encontrando serios obstáculos en la obtención de amparo por parte de la justicia y de los organismos públicos. Esta organización cita el elevado número de sobreseimientos que se producen y la disminución de las órdenes de protección, pese a que han aumentado las denuncias. En el segundo trimestre de este año se presentaron 32.704, un 5,9% más que en el primero.

La situación puede agravarse a causa del incremento de las tasas judiciales. El nuevo sistema encarecerá de forma sustancial la tramitación de un divorcio y la reclamación de cantidad, lo que puede inducir a muchas mujeres a desistir de las acciones legales. Por otra parte, el proyecto de reforma del Código Penal incluye cambios que, de prosperar, supondrían un retroceso, como dejar de considerar agravante el que la agresión se produzca en presencia de los hijos. Si a ello se añade que las partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia machista se han reducido un 28% desde 2010, cabe preguntarse si el Gobierno concede a este problema el carácter prioritario que precisa.