Dureza de ley

A golpe de titular. Así parece haberse confeccionado la reforma del Código Penal planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que prevé un nuevo endurecimiento de las penas a pesar de que España registra una de las más bajas tasas de delincuencia de Europa (48,4 infracciones penales por cada mil habitantes frente a la media de la UE de 64,9, según datos oficiales). Después del trámite parlamentario, proceso que el propio ministro calculó en un año, España contará, en la práctica, con la cadena perpetua para los delitos más graves en su versión de “prisión permanente revisable” y ampliará las condenas hasta en diez años con el modelo de “custodia de seguridad”, lo que daría respuesta a la agitación social desatada por la excarcelación de terroristas una vez cumplidas sus condenas. En respuesta a los casos de Marta del Castillo y los niños José y Ruth Bretón, se equipara al homicidio el delito de detención ilegal con desaparición cuando no se dé razón de lo ocurrido con la víctima. La pena oscilará entre los diez y los quince años de prisión. A tales agravamientos se añade el último caso mediático: el vídeo sexual de la concejal de Yébenes (Toledo), Olvido Hormigos. La difusión de imágenes íntimas se penará con hasta un año de cárcel.

Estos y otros agravamientos de pena —aplicados por ejemplo a la violencia de género— siguen la estela de las más de veinte reformas aplicadas hasta ahora al Código Penal, hasta el punto de haberlo convertido en uno de los más duros de Europa. Así, se da la paradoja de que España, con tan bajo índice de delincuencia, ostenta, sin embargo, una de las tasas más altas de población reclusa (160 por cada 100.000 habitantes). Esta nueva modificación legal era innecesaria —más ahora que ha desaparecido el terrorismo etarra— y posiblemente agravará el problema de superpoblación carcelaria.

Al tiempo, el titular de Justicia, respetando los deseos del ala más conservadora de la judicatura, ha elevado el plus que deben percibir los jueces que hacen sustituciones con la idea de acabar, como el propio Ruiz-Gallardón admitió ayer, con los 1.400 interinos que vienen completando el trabajo de los 5.100 titulares de toda España. Además de dejar sin empleo a cientos de expertos, esta medida puede agravar el colapso que sufren muchos de los juzgados, lo que redundará en una peor calidad de la justicia.