La presión que logró la liberación de Aida Quilcué

“Esperaba lo peor”, dijo entre sollozos Aida Quilcué, al lado de su hija y resguardada por miembros de la Guardia Indígena y la Policía Nacional. La senadora indígena dio estas declaraciones a los medios de comunicación luego del secuestro que sufrió este martes, junto con sus escoltas Álvaro Troches y Ovidio Pontón, en el municipio de Totoró, en el oriente del departamento del Cauca. La líder reveló que su esquema fue interceptado por sujetos armados, quienes luego los condujeron a una zona boscosa mientras “esperaban órdenes”. Tras varias horas, y después de que se activaran mecanismos civiles y gubernamentales para encontrarla, los hombres huyeron. Estaban en Inzá, un municipio cercano al páramo de Guanacas. Allí fue hallada por un guardia indígena.

“El Cauca merece ser atendido”, reclamó la congresista del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) en la rueda de prensa que realizó ya en la noche en Popayán, la capital departamental y a donde fue trasladada. La también lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, agradeció la rápida respuesta y la presión social que, a su juicio, jugó un papel fundamental para que siguiera con vida. “[Agradezco] en especial a la guardia indígena porque han sido las personas que siempre llegan a salvar vidas, no solo la mía. También a la fuerza pública, en cabeza del Gobierno Nacional, sabemos que eso ayudó”, sostuvo.

La presión

Una vez el equipo de la líder del pueblo Nasa reveló que había perdido contacto con ella, el sonido de los helicópteros de las fuerzas militares se empezó a hacer más agudo en las montañas de Inzá. Mientras tanto, en tierra, decenas de integrantes de la Guardia Indígena del Cauca, la organización afiliada al CRIC que sirve de policía civil en los resguardos, se organizaron rápidamente para copar las vías y municipios vecinos: Silvia, Jambaló, Páez y Totoró. En minutos, habían instalado varios puntos de control para identificar cualquier auto sospechoso, especialmente después de que encontraran, vacía, la camioneta de Quilcué, y sus alrededores no mostraran señales de una salida por tierra. Otros se fueron a vigilar en moto los puntos más alejados, siempre pendientes de algún vehículo que llevara a la lideresa. Mientras tanto, Quilcué y sus escoltas quedaron libres y caminaron a una de las pocas casas que hay en la cima del páramo. Allí, sobre las cuatro de la tarde, un guardia ubicó a la mayora, como le llaman en su pueblo.

La articulación entre autoridades nacionales, locales y civiles fue orgánica. Una de las primeras personas en hablar con la senadora fue el alcalde de Inzá, Delio Trujillo, quien confirmó que sí había sido secuestrada e informó que se encontraba en buen estado. Aunque la lideresa afirma que sus captores no se identificaron, y por lo tanto no puede afirmar quién cometió el delito, los pobladores de la zona señalan que los responsables son poco más que obvios. Una fuente de la zona, que pide reserva por motivos de seguridad, dice a este periódico que los integrantes del llamado Frente Dagoberto Ramos, una estructura armada de las llamadas disidencias de las extintas FARC que opera en la zona, han retenido en varias ocasiones a personas que circulan por la vía conocida como la transversal Libertador. En muchos de los casos, dice, lo hacen para hurtarles sus vehículos. Quienes las comunidades conocen como “los dagos” forman parte del llamado Estado Mayor Central que lidera Iván Mordisco, a quien la exministra de Ambiente de Gustavo Petro, Susana Muhamad, señaló como probable responsable.

En el caso de Quilcué, los delincuentes no hurtaron el vehículo. Los líderes del CRIC exigen que la Fiscalía esclarezca con celeridad qué pasó y quiénes fueron los autores. Lo mismo reclamó la congresista, que ha sufrido numerosos atentados. En 2008, su esposo fue asesinado en un ataque que se presume que era en su contra, muy cerca de donde fue secuestrada este martes. En 2022, a inicios del Gobierno Petro, fue víctima de un nuevo atentado, también en una vía de la zona. “He denunciado 135 amenazas, y todas han sido archivadas. Pido a la justicia que investigue, no solo mi caso, sino los de muchos compañeros que han quedado en impunidad”, dijo tras su liberación. Su situación es difícil pues debe atravesar esa carretera de manera periódica, ya que tanto ella como su familia vive en un municipio aledaño, y se trata de la única vía que le permite salir a Popayán para, desde allí, tomar un vuelo a Bogotá para acudir al Congreso.

Eduin Lectamo, encargado de Derechos Humanos del CRIC, agrega por llamada que esa vía, que conecta con el vecino departamento del Huila, es neurálgica para las estructuras ilegales. “En este sector los grupos armados se disputan un corredor de economías ilícitas y por eso va a seguir siendo inseguro, pese a nuestros esfuerzos. No siempre hemos logrado ser tan efectivos como hoy”, expresa, refiriéndose a las estrategias de la Guardia Indígena frente a la agudización del conflicto armado en su territorio. La carretera colinda con varios resguardos indígenas Nasa del municipio de Totoró.

La presencia de esos grupos ilegales ha afectado de diversas formas al pueblo Nasa, que ha sufrido afectaciones particulares por el recrudecimiento de la guerra. Los menores de edad de esta pertenencia étnica han sido las mayores víctimas de reclutamiento forzado, un delito que siembra el miedo y afecta el tejido social. Además, varios de sus líderes han sido asesinados o han sido blanco de ataques, como el caso de la mayora Carmelina Yule, quien murió en 2024 tratando de recuperar a un niño de manos de los grupos ilegales.