Justicia cercenada

El aumento de las tasas judiciales que proyecta el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, por el que pretende recaudar hasta 306 millones de euros al año, puede acentuar la desigualdad real de los ciudadanos ante la justicia, inevitablemente asociada a su disponibilidad económica. El ministro ha vinculado el aumento a los objetivos de reducir la litigiosidad, evitar los “abusos” y financiar la justicia gratuita de la que se benefician los ciudadanos que puedan demostrar que carecen de recursos para pagarla. Pero, más allá de esos propósitos, lo que puede resultar en la práctica es que se cree una zona de exclusión social en el ámbito de la justicia, en la que quede atrapada una parte de la población, imposibilitada de ejercer plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

El informe que ha elaborado la vocal del Consejo del Poder Judicial Margarita Robles, y a partir del cual el órgano de gobierno de los jueces deberá emitir esta semana su dictamen al anteproyecto de ley de Ruiz-Gallardón, advierte del riesgo de que el aumento propuesto, “excesivo” en unos casos y “exorbitante” en otros, se convierta para muchos ciudadanos en un obstáculo insalvable para acceder a la jurisdicción, contrariando la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional al respecto.

Ruiz-Gallardón ha señalado que la primera instancia estará libre de tasas y que solo se exigirá su pago en los trámites judiciales iniciados a partir de la segunda instancia, como si éstos fueran un lujo o añadido que podrán pagar o no los ciudadanos según sus medios. Se trata de un supuesto falso: el derecho a la tutela judicial efectiva no es troceable, de modo que baste para salvaguardarlo poder ejercerlo en primera instancia ante los tribunales, aunque se obstaculice su ejercicio en los posteriores recursos judiciales.

Tratar de financiar la justicia “a costa de los usuarios” — algo que el informe de la vocal del Poder Judicial atribuye a la medida de Ruiz-Gallardón— supondría dar un paso preocupante en la senda de la privatización, no ya de un servicio esencial, sino de un derecho fundamental que debe garantizar el Estado. No es de recibo tampoco pretender acabar con el exceso de litigiosidad con medidas disuasorias que alejen a los ciudadanos de la justicia, en lugar de promover los mecanismos de arbitraje para la solución extrajudicial de conflictos, a los que el anteproyecto de Ruiz-Gallardón no hace mención alguna.