Seseña Ecuatorial
El pocero planeaba la construcción de 36.000 viviendas en el país de Obiang que el régimen denegó
Francisco Hernando, El Pocero, constructor español con una capacidad de deforestación superior al napalm y al agente naranja juntos, emigró a Guinea Ecuatorial en busca de suelo fértil para plantar especulación inmobiliaria. El proyecto poceril perseguía la construcción de 36.000 viviendas, un auténtico tumor de ladrillo si se sabe que Guinea cuenta con poco más de un millón de habitantes. El Pocero estaba animado porque, dicen, contaba con el apoyo del dictador Teodoro Obiang, otro de esos espíritus polarizados hacia la plusvalía. Pero he aquí que el Gobierno guineano, aquejado sin duda por un relámpago transitorio de lucidez, ha rechazado el plan. No hay país para soportar tanta hinchazón inmobiliaria. El creador de Seseña, esa ciudad muerta varada en el secarral manchego, ha montado en cólera. Acaba de demandar al Gobierno guineano ante el Banco Mundial, concretamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El mismo organismo que se pronunciará sobre la demanda de Repsol contra la expropiación de YPF. Cristina Fernández y El Pocero conectados a través del Banco Mundial. ¿Y si el constructor se propone enladrillar la Pampa?
Cualquier escritor dotado para la sátira, pongamos un John Updike o un Evelyn Waugh, hubiera dado su dedo meñique por asomarse a las conversaciones de la burocracia guineana con el constructor. Ese juego de torsión y retorsión, palo y zanahoria, compraventas discretas de voluntades y celos cortesanos, es la sutil materia que integra dictadura y corrupción, sea inmobiliaria, petrolera, o tráfico de cereales. La opinión pública se pregunta expectante si este fracaso traerá al Pocero de retirada a España o si, inasequible al desaliento, proseguirá su aventura ecuatorial. Veremos.
Entre risas y veras, el episodio guineano del Pocero viene a decir que las autoridades guineanas no han tragado con un disparate sideral de cemento y vidrio y, por tanto, han obrado con más prudencia y racionalidad que las autoridades autonómicas españolas. Es más, bastará un leve atisbo de recuperación para que autonomías y Ayuntamientos vuelvan gozosamente a inflar otra burbuja inmobiliaria y a calentarse al sol de la corrupción.
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