Contra la tortura, sin excepciones
La filmación de todo el periodo de detención incomunicada reduciría el riesgo de malos tratos
Un ciudadano que ha escondido una bomba en una gran plaza, que estallará cuando se esté celebrando un acto político, es detenido por la policía, que decide torturarle para que confiese donde está el artefacto explosivo, a fin de desactivarlo. Este es el dilema que plantea José K, torturado, el monólogo teatral representado del 14 de enero al 5 de febrero de este año en el Teatro Español de Madrid, magistralmente interpretado por el actor Pedro Casablanc: ¿Es lícita, en estas circunstancias, la tortura para evitar la masacre?
La respuesta la da el autor del texto originario, el periodista Javier Ortiz (fallecido en 2009): "Aceptar la tortura en ese caso extremo es, de hecho, admitirla siempre. (…) Quienes torturan casi siempre creen que lo hacen para conseguir algo que es bueno para la colectividad: aclarar un crimen, encontrar un arsenal, desarticular un grupo terrorista... Incluso quienes torturan por placer se autojustifican con esa coartada: ellos hacen el trabajo sucio para que la sociedad pueda estar limpia".
En la obra teatral, el torturado explica su maldad con crudeza, a la vez que describe la saña del torturador, funcionario de un Estado sádico. La ficción converge con la realidad de la mano de Ortiz: "La sociedad que acepta la tortura como excepción deja la determinación de la excepcionalidad en manos de los torturadores y sus jefes. Habrán de ser ellos -¿quién, si no?- los que decidan, según su jerarquía de criterios, que tal o cual caso es lo suficientemente grave como para tirar para adelante, apoyándose en ese respaldo social".
Estrasburgo ha recriminado a España repetidamente por no investigar esta lacra
Ese respaldo social ha hecho que, a pesar de su prohibición absoluta -en España desde la Constitución de 1978 y, a nivel internacional, desde 1984-, la tortura se siga practicando, cada año, en unos 100 de los 147 países que han ratificado el convenio, según certificó Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, durante una mesa redonda en el propio Teatro Español. Beltrán recordó que el Tribunal de Estrasburgo ha recriminado repetidas veces a España por no investigar las torturas y mantener la detención incomunicada hasta 13 días.
La magistrada Manuela Carmena, que tras su jubilación asesora al Gobierno vasco en el reconocimiento y atención a las víctimas de abusos policiales, reveló su estupor cuando conoce a personas torturadas. "Veo la respuesta judicial y me da vergüenza", dijo. "¿Cómo es posible que la judicatura mire para otro lado?", se preguntó. Recordó un caso reciente de torturas evidentes negadas por el juez y que cuando se pidió a la Audiencia que oyera a la víctima, la respuesta fue: "No es necesario". Dijo que otras denuncias de torturas se tramitan así: "¡No calumnie a la Guardia Civil!". Y que si la evidencia es incontestable, la respuesta es: "Pero es que esta gente mata".
La judicatura coincide aquí con los políticos, porque no existe un clamor social contra la tortura, con impacto mediático, que impresione a los jueces, o que se materialice en votos y condicione entonces a los políticos. Ni siquiera los indignados del 15-M han puesto el acento en esa lacra contra la dignidad humana, originaria de cuando la tortura y el tormento eran herramientas legales para el juez. Durante el franquismo, la tortura se utilizó sistemáticamente, como se recordó el 21 de enero último, al constituirse La Comuna, una asociación "contra la impunidad del franquismo", que reunió a unas 250 personas, en su mayoría "represaliados, no víctimas", como puntualizó Manuel Blanco Chivite, quien insistió en que los jóvenes deben conocer lo que fue la dictadura, para abordar “la lucha actual contra los restos del franquismo” y la reparación de las agresiones sufridas desde "el Estado policial".
Jueces de alto nivel tienen una capacidad suprema para exculpar a torturadores
Los jueces, hoy, al más alto nivel -los del Tribunal Supremo- tienen una capacidad suprema para exculpar a torturadores. En noviembre último, anuló la condena impuesta por la Audiencia de Gipuzkoa, a finales de 2010, por torturar a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados por el atentado a la T-4 de Barajas, en el que murieron dos ecuatorianos. La Audiencia, tras conocer las decenas de variadas lesiones de Sarasola y de Portu -este tuvo que ingresar en la UVI-, compulsadas por los médicos forenses, condenó por torturas a cuatro guardias civiles. El Supremo atribuyó las palizas al intento de fuga -negado por la Audiencia y esgrimido por el Gobierno- de los dos detenidos frente a los ¡15 guardias civiles! que participaron en su detención, así como al obediente cumplimiento de las instrucciones de ETA de denunciar torturas.
El magistrado Ramón Sáez, en un trabajo sobre La involución en el proceso de civilización del juicio penal, se pregunta si los jueces deben tener "una confianza sin límites en el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales en toda actuación policial" y si deben renunciar a "controlar la actuación de la autoridad y sus agentes". Esa desconfianza de los jueces en la policía y la grabación y filmación de todo el periodo de detención incomunicada reducirían al menos el ámbito en el que se produce la tortura... excepcionalmente.
