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Visto para sentencia el juicio del accidente del helicóptero de Torallola

Retiran los cargos contra el mecánico del vehículo estrellado

El juicio por el caso del helicóptero que se accidentó en junio de 2002 en Torallola (Pallars Jussà) ha quedado hoy visto para sentencia. La vista, celebrada en siete sesiones con casi nueve años y medio de retraso, ha servido para desvelar las numerosas irregularidades que impedían volar al aparato, pero no para esclarecer la verdadera causa del siniestro, donde fallecieron los ocho ocupantes del aparato. Una de las conclusiones ha sido que el helicóptero se cayó porque era una chatarra volante "mal construida".

El fiscal y las acusaciones particulares retiraron, al inicio de la última sesión del juicio, los cargos contra el mecánico Carlos M., uno de los cuatro acusados, al considerar que era un trabajador autónomo que realizaba los trabajos que le ordenaban los directivos de la empresa propietaria de la aeronave y que consistían en hacer las revisiones de las 100 horas de vuelo.

El fiscal, a la vista de los diferentes informes periciales aportados a la causa, ha decidido mantener los cargos contra los otros tres acusados, Pedro María S.M., administrador de la empresa Helieuropa Services, propietaria del helicóptero, y los responsables de su mantenimiento Andrés G. y José Carlos P., para los que solicita 5 años y 9 meses de prisión por ocho delitos de homicidio imprudente.

También pide para ellos 7.200 euros de multa y 6 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como una indemnización de 600.000 euros para cada una de las familias de las víctimas. El Ministerio de Fomento figura como responsable civil subsidiario. Las aseguradoras ya han pagado 150.000 euros por cada fallecido.

A lo largo del juicio se han puesto de manifiesto dos posturas opuestas. Para el fiscal y los abogados de la acusación particular, el accidente fue un hecho previsible a la vista de un total de 36 irregularidades técnicas y administrativas que afectaban a la seguridad de la aeronave, que había sido contratada para revisar líneas eléctricas de alta tensión de Fecsa-Endesa en el Pirineo. La defensa ha trasladado la responsabilidad al piloto, uno de los fallecidos.

El fiscal, en su informe final, fue reiterativo al enumerar las deficiencias que presentaba el helicóptero siniestrado, ya que fue adquirido por Pedro María S.M. al Ejército del Aire. En ese momento carecía de los elementos fundamentales para el vuelo, como motor, palas del rotor principal y de cola, pero fue reconstruido con piezas compradas en subastas o de otras aeronaves. Además, volaba con piezas caducadas y el mantenimiento no era el adecuado.