Un edil de Francisco Vázquez logró un millón de euros con una recalificación

Mucha cola va a traer el fallido proyecto de macrourbanización residencial en el entorno protegido de la Torre de Hércules que planificó el Ayuntamiento de A Coruña, en plena hegemonía del exalcalde socialista Francisco Vázquez. La declaración del ancestral faro como Patrimonio de la Humanidad, en junio de 2009, acabó por dar al traste con lo que Carlos Negreira (PP), tanto como jefe de la oposición y ahora como regidor, denomina "mamotretos" que rechaza con firmeza. Pero la propia tramitación urbanística del proyecto resultó tan tortuosa como larga, más de una década. Y eso también ayudó a que hoy no estén erigidos en un lateral del monumento, en la Agra de San Amaro, esas cinco torres de ocho plantas y otra de dos con 333 viviendas y garajes gestadas bajo el mandato de Vázquez.

La familia de uno de sus más próximos colaboradores, el ahora exconcejal Carlos González-Garcés Santiso, fue una de las beneficiadas por esa operación iniciada a finales de los noventa. Al recalificar el Ayuntamiento, entre otras, una finca familiar del exedil, entonces miembro del gobierno local, éste logró venderla por más de un millón de euros de lo que valía antes de levantar la prohibición de edificar en ella. Para impedir edificaciones que "puedan entorpecer o degradar vistas de interés", la norma urbanística municipal de 1985 y el vigente Plan Especial de Ordenación y Protección de la Torre de 1997 establecían que los solares del entorno se convertirían, previa expropiación, en parques públicos.

Pero el gobierno de Vázquez, del formaba parte González-Garcés, decidió excluir como zona verde un área de reparto residencial en la que integró nueve fincas (el Agra de San Amaro, 24.099 metros cuadrados, incluida el solar del exedil) para que "se ordenase mediante bloques evitando tapar vistas cara a la Torre de Hércules". Y así apareció recalificada como suelo urbano residencial, y por lo tanto edificable, en el vigente Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998. El gobierno local incluso anticipó por escrito esa voluntad de edificar en parte del protegido entorno de la torre: firmó convenios con algunos dueños del Agra de San Amaro en los que el Ayuntamiento se comprometía a recalificar ese suelo en el nuevo plan entonces aún en trámite. Pero para el resto de los titulares de parcelas del entorno de la torre, por el contrario, el Ayuntamiento aceleró la expropiación para cumplir con el plan de protección del faro y convertir en jardines sus propiedades. En abril de 1998, seis meses antes de entrar en vigor el nuevo PGOM, la Xunta aprobó la expropiación forzosa.

Al margen quedaron los privilegiados dueños de esas nueve fincas recalificadas para edificar. Una de ellas era, por herencia, de la familia de González-Garcés. Este entonces miembro del gobierno local, con un poder notarial que le convertía en representante legal de su madre y hermanos para vender, enajenar o incluso participar en la futura operación inmobiliaria, vendió en febrero de 2000 a Fadesa la parcela familiar de 3.488 metros cuadrados. Y pactó que su precio final dependería de la edificabilidad definitiva que le atribuiría a esa finca el gobierno local que integraba.

En su contrato de compraventa, Garcés y Fadesa establecieron un precio inicial de 1,482 millones de euros que la inmobiliaria entonces presidida por el coruñés Manuel Jove pagaría en cuatro entregas. Dos fueron inmediatas y la última y más abultada, por importe de 1,23 millones, quedaba aplazada hasta que el gobierno local integrado por González-Garcés fijase, en los correspondientes proyectos de compensación, el aprovechamiento urbanístico de la finca. Una parte dependía de la edificabilidad de la futura urbanización de la Agra de San Amaro y la otra de otro polígono residencial colindante también previsto en el plan general de 1998. Pero este último quedó en una mera proyección. Dos días después de acordar esa venta, se escritura ante notario la agrupación de las nueve fincas destinadas a albergarla. Fadesa acude ya como titular de una de ellas y también el exedil para hacer constar el pago pendiente. En 2001 y 2002, el Ayuntamiento aprueba los estudios de detalles que concretan la urbanización.

Ocho años tardó el Ayuntamiento, ya gobernado en coalición por PSOE y BNG, en aprobar, en enero de 2008, el imprescindible proyecto de compensación del Agra de San Amaro que concreta la urbanización y adjudica el aprovechamiento urbanístico a cada promotor (son ocho). Garcés, entonces secretario del gobierno local bipartito, se abstuvo en aquella votación "por tener interés directo en el asunto". Uno de los pagos pendientes de Fadesa a la familia de Garcés dependía de ese proyecto de compensación. Y el último pago, supeditado a un segundo polígono que nunca se tramitó, bloqueó durante otros dos años la urbanización al impedir que se inscribiese en el Registro de Propiedad el proyecto de compensación. Garcés tuvo que llegar a un acuerdo con los restantes propietarios para salvar ese escollo, que asumiesen parte del pago pendiente de Fadesa y liberar de cargas la finca. Fue mayo de 2009, un mes antes que la Unesco declarase la torre Patrimonio de la Humanidad.