El 97% de los vascos demanda control sobre las ayudas sociales

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha dado a conocer esta mañana en Bilbao los datos de un sondeo realizado por su departamento en torno a la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social pactada con el PP que recoge, entre otras modificaciones, la tramitación desde Lanbide de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, así como el endurecimiento de los requisitos de acceso a estas prestaciones.

Zabaleta ha asegurado que el 97,2% de las 1.003 personas que han participado en la encuesta telefónica del Gobierno piden a las instituciones que controlen el cobro de las ayudas para evitar el fraude. Entre los perceptores de ayudas encuestados también solicitan este control.

El 97% está a favor de que quienes reciben ayudas sociales se muestren dispuestos a incorporarse a un empleo y al 95,5% le gustaría poder pedir una ayuda si se quedara sin recursos y sin la prestación por desempleo.

En cuanto a la obligación de los perceptores de ayudas de participar en trabajos comunitarios en situaciones de emergencia -nevadas, inundaciones, etc.-, Zabaleta se ha congratulado de que el 88% de la ciudadanía respalde esta nueva exigencia que se incorporará en enero. Rechazarlo podrá suponer la retirada de la ayuda.

La consejera ha defendido esta mañana la necesidad de un sistema de protección social "sostenible" y ha valorado que la gestión de la RGI y el complemento de vivienda desde Lanbide va a permitir que "no haya rendijas" por las que se cuelen los solicitantes y evitará el fraude social. Para este cambio, que se llevará a cabo en enero si no surge ningún problema en el trámite parlamentario, está "todo preparado" en las oficinas de Lanbide, explicó.

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 12 de septiembre. Fue este último día cuando se dieron a conocer, en una rueda de prensa, las modificaciones legales. El sondeo no recoge la opinión de los ciudadanos en torno a la decisión de elevar de uno a tres años el requisito de empadronamiento a todas aquellas personas que quieran pedir las ayudas sociales y que no puedan acreditar un año de empadronamiento y cinco años de cotización en la Seguridad Social en cualquier parte del Estado. Este es otro de los cambios que afectará sobre todo al colectivo inmigrante.

Preguntada por la omisión de este aspecto, Zabaleta ha asegurado que el sondeo se ha centrado únicamente en los aspectos "importantes" de la reforma y ha explicado que existen otras áreas de la Administración que contribuyen a la protección social. Es el caso de las Ayudas de Emergencia Social -para solicitarlas solo se necesitan seis meses de empadronamiento- o alternativas como las becas educativas y la política de vivienda protegida. "La protección social no se agota aquí", ha resaltado.