El Gobierno vasco destinará 180.000 euros a las víctimas de abusos y excesos policiales

El Gobierno vasco prevé dotar con 180.000 euros el programa de ayudas a las víctimas de excesos y abusos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado y grupos parapoliciales. La propia consejera de Justicia, Idoia Mendia, y la directora de Derechos Humanos del Ejecutivo autónomo, Inés Ibáñez de Maeztu, comparecerán en el Parlamento en septiembre para explicar el estado de redacción del proyecto. Entonces, el resto de grupos parlamentarios podrán plantear sugerencias al texto, que previsiblemente, se aprobará antes de que finalice el año.

El programa de ayudas a las víctimas de abusos policiales estará vigente hasta 2013 y tendrá un impacto financiero y presupuestario de 180.000 euros que podrán ampliarse para satisfacer la demanda. El programa de ayudas y otras medidas de reconocimiento son el resultado del acuerdo parlamentario, impulsado por Aralar, que el pasado marzo exigió al Gobierno de Vitoria la constitución de una oficina que asuma el diseño y ejecución de estas políticas.

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La resolución demanda medidas para reconocer y reparar a estas víctimas y señala que "para ello establecerá las medidas normativas precisas, comenzando con el decreto o decretos, que marquen las ayudas a implementar y los criterios de acceso a las mismas, así como la necesaria dotación presupuestaria. La primera normativa deberá aprobarse dentro del año 2011".

Otros puntos solicitan al Ejecutivo de Patxi López la creación de "un mecanismo accesible y cercano de contacto con las personas que se consideren víctimas" y la comparecencia cada periodo de sesiones ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para explicar las decisiones y actuaciones llevadas a cabo. El último punto, que el PP rechazó, plantea la creación de una ponencia parlamentaria "para el impulso y seguimiento de las actuaciones" en la materia. Esta ponencia se puso en marcha a principios del pasado mes de julio con la ausencia de los populares y UPyD.

El texto rechaza con contundencia que el reconocimiento a estas víctimas suponga refrendar la teoría del conflicto caracterizado por dos violencias enfrentadas: la de ETA y el Estado.

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