Aguirre considera improbable "levantar" la M-501

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado esta mañana "bastante improbable" que su Gobierno "mande las maquinas a levantar la carretera" M-501, a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por considerar la zona de protección ambiental. Aguirre, que ha hecho estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno regional, ha explicado que procederá del modo que dicten los servicios jurídicos de la región.

El TSJM ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia de este mismo órgano judicial dictada en 2008 y que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la llamada carretera de los pantanos e insta a que los terrenos se restituyan a su estado inicial, según informó ayer Ecologistas en Acción. Es más, le da 15 días para hacerlo.

Los servicios jurídicos de la Comunidad analizan desde ayer el auto del TSJM y, según informa un portavoz de la Consejería de Transportes, presentarán alegaciones para "garantizar" la defensa de los intereses de los madrileños en cuanto a seguridad vial y conservación del medio ambiente. La comunicación del TSJM se produce después de que el pasado 12 de junio venciera el plazo legal concedido para que la Comunidad cumpliera "de forma voluntaria" con la sentencia.

El proyecto regional fue declarado también ilegal hace cinco meses por el Tribunal Supremo, por incumplir los trámites administrativos, informa Jesús Sérvulo González. La ampliación de la carretera de los pantanos, M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un proyecto personal de la presidenta. En 2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad vial".

La presidenta obvió los informes en contra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -suscrito en 2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para el entorno.

Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100 millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".

La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración de impacto ambiental sobre el proyecto. Este documento obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final, recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles soluciones. Mientras tanto, la Consejería de Transportes terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e inauguró el tramo por todo lo alto.

Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó ante los tribunales su ejecución y así lo han hecho. Desde Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la falsedad de los responsables regionales que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". .