Los escoltas dan la cara

Los escoltas dejaron claro que no van a permanecer cruzados de brazos si al final se produce la drástica reducción de la protección personal que, para los amenazados en Euskadi, contemplan los Gobiernos central y vasco. Una pretensión, motivada por la crisis y el descenso de la actividad terrorista, que podría dejar sin empleo a más de un millar de profesionales tras el verano, según advirtió ayer la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco. El colectivo, al que están afiliados más de 1.200 guardaespaldas, planteó incluso la posibilidad de tomar parte en movilizaciones de protesta.

Durante una comparecencia en Bilbao, el portavoz de la agrupación, Jon Martínez, acusó al departamento vasco de "incumplir el contrato" que, por 18 meses prorrogable, sacó a concurso en noviembre. "En el mismo se recogía un número determinado de plazas que ahora pretenden desdoblar", esgrimió. En efecto, a partir de septiembre, la consejería pretende reducir a un escolta los dos que hasta ahora custodiaban a los concejales socialistas y populares. Una merma que podría implantar también el Ministerio del ramo, corresponsable de la protección personal en Euskadi.

Políticos del PP y UPyD trasladaron ayer su apoyo a los guardaespaldas

La preocupación es doble para el colectivo. Los escoltas no solo temen por su puesto de trabajo, sino también por la "inseguridad" que acarreará el denominado desdoblamiento del servicio, ya que un único guardaespaldas por cada protegido apenas podrá asumir una labor "disuasoria", según esgrimen. "¿Acaso alguien ha visto a ertzainas o guardias civiles trabajando en solitario?", cuestionó Martínez, quien sumó al complejo escenario la reciente reducción de salarios. "111 euros al día. Cobramos menos que un oficial de primera, pese a que nos jugamos la vida", destacó.

El portavoz de la asociación vasca de escoltas aclaró que el colectivo entiende que la actividad terrorista se ha reducido y se felicita por ello, pero advirtió también de que "otras treguas se han acabado". En este sentido, reclamó "tiempo" para poder asumir una "reducción atroz" del servicio sobre la que "ni siquiera se ha dado aviso" a los guardaespaldas afectados. Un margen que estimó imprescindible para buscar la reubicación de un sector integrado en dos terceras partes por gente llegada al País Vasco desde otras comunidades. "No pedimos nada que no se haya ofrecido a otros colectivos", consideró.

La recolocación de los escoltas, a juicio de Martínez, ni siquiera requiere de una reconversión a otro sector. Existen alternativas que se han comenzado a impulsar, como la custodia de mujeres amenazadas por sus parejas, el control de accesos a edificios públicos o incluso la vigilancia de embajadas. "A día de hoy hay 5.000 agentes de distintas fuerzas de seguridad que realizan labores de protección", argumentó. En este sentido, reclamó la convocatoria de una "mesa a tres", entre Administración, empresas y sindicatos, para analizar el horizonte futuro.

El representante de la asociación se afanó es desvincular las reivindicaciones de la política y recalcó que "el color del Gobierno no importa". Desveló que el PSE ha mantenido ya dos reuniones con sus cargos electos para trasladarles la pretensión de reducir la escolta y aseguró contar con el apoyo de la mayoría de los protegidos. "La relación es muy estrecha. Formamos parte de sus vidas y muchos se han mostrado muy preocupados por perder la protección", indicó.

Martínez compareció por la mañana en la capital vizcaína junto al presidente de la asociación vasca de escoltas, Santiago Fontenla, como antesala de un encuentro vespertino en el que tomaron parte políticos como el parlamentario vasco del PP Carlos Urquijo y representantes de UPyD, así como la vicepresidenta del colectivo Dignidad y Justicia, Sonsoles Arroyo, y el máximo responsable de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza. "Se trata solo de un primer paso para visualizar nuestro conflicto", explicó Martínez.