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El fiscal sube a cuatro años su petición de prisión para un mando policial de Marbella

Termina el juicio por la desaparición de multas durante el gobierno de Marisol Yagüe. - La abogada de la exregidora defiende que "no es delito" interesarse por un detenido

El juicio contra la exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe y cuatro policías locales por hacer desaparecer tres atestados de tráfico en la época en la que gobernada el Grupo Independiente Liberal (GIL) en la ciudad ha terminado este mediodía con un incremento sustancial de las penas que reclama el Ministerio Fiscal y la retirada de la acusación contra el denunciante del caso, el sindicalista José María Sánchez Morilla.

Las multas no tramitadas se interpusieron entre febrero de 2004 y agosto de 2005. Se trata de dos alcoholemias que afectan a un sobrino del periodista deportivo José María García y al reportero del corazón Diego Arrabal, y un atestado contra un empleado del depósito municipal que circulaba con un ciclomotor dado de baja y con matrícula falsa.

Los tres agentes procesados son el entonces responsable de atestados, el inspector Javier Martín; el exjefe de Policía Local Rafael del Pozo, apartado del cuerpo y el agente Alberto Rodríguez Alarcón.

Después de escuchar todos los testimonios y evaluar las pruebas, el fiscal Antonio González Fernandez ha elevado su petición de condena para Francisco Javier Martín de tres a cuatro años de prisión. Martín es actualmente uno de los principales mandos de la Policía Local de Marbella. De él depende el área de seguridad ciudadana y tiene a 250 hombres a sus órdenes, según ha manifestado su abogado.

El ministerio público también endurecido su posición contra el agente Alberto Rodríguez Alarcón, acusado incialmente de borrar el rastro del atestado contra Arrabal en el sistema informático policial. De reclamar dos años de inhabilitación, el fiscal ha pasado a proponer al tribunal que se le condene a dos años y seis meses de cárcel.

La acusación contra Marisol Yagüe no ha cambiado. El fiscal sigue solicitando que se la inhabilite durante nueve meses por "hacer las gestiones necesarias" e impartir "las órdenes oportunas" en la mañana del 6 de agosto de 2005 para que se ocultara el atestado contra el sobrino del periodista José María García.

La abogada de la exregidora ha defendido que su cliente nunca llamó a un agente de Policía Local para interesarse por la detención del familiar del periodista, tal y como mantuvo durante el juicio el policía local de Marbella número 441. "No conocía a ninguno de los dos, ni al señor Borja Fraile, ni a José María García, por lo que no se puede explicar el interés personal", explicó la letrada.

A pesar de ello, la abogada ha subrayado en que el agente 441 reconoció durante el juicio que "no recibió ninguna instrucción" de Yagüe durante esa comunicación. "En el caso de que se admitiera que esa llamada sucedió, algo que mi cliente niega (...) llamar para interesarse por un detenido no es un delito", contempló.

El fiscal también ha subido a cuatro años de prisión su petición de condena para el exjefe de Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo Izquierdo.

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