La Junta acude al Supremo en el conflicto con la juez Alaya

La Junta de Andalucía se ha dirigido directamente al Tribunal Supremo para que intervenga en el conflicto que mantiene con la juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE), y que exigió al Ejecutivo las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, petición a la que la Junta se negó por considerarlas reservadas. El Gobierno andaluz acudió hace un mes al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo y solicitó su intervención tras la decisión de Alaya de suspender el conflicto planteado por la Junta, para evitar "pronunciamientos contradictorios", ya que la Audiencia Provincial aún debía pronunciarse al respecto, según alegó la juez.

El Supremo ha atendido la petición de la Junta y ha designado un ponente para resolver el conflicto: el magistrado Octavio Juan Herrero Pina. Este juez ha pedido a la Junta y la fiscalía que presenten sus alegaciones al conflicto generado entre la magistrada y el Ejecutivo, y a continuación deberá resolver la admisión o no a trámite de las actuaciones recibidas.

La Audiencia ha estimado esta semana que las actas de los consejos del Gobierno andaluz no son secretas, pero la Junta estimó el pasado 23 de mayo que Alaya no tenía por qué dejar en suspenso el conflicto planteado y esta debía enviarlo inmediatamente al Supremo. De ahí que acudiera al alto tribunal tras entender improcedente la decisión de la juez de suspender el conflicto.

La juez no tramitó ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción al argumentar "coherencia procesal" y para "evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios", ya que existían recursos por dicho asunto planteados ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La magistrada había pedido las actas a la Junta, que se negó a entregárselas por entender que son reservadas.

Antes de decidir si enviaba el caso al Tribunal Supremo, la magistrada advirtió al Ejecutivo de que si no entregaba la documentación en 72 horas cometería un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Finalmente, la Junta entregó las actas para su custodia en sede judicial después de que Alaya insinuara que el Gobierno podría alterarlas. La espera no ha impedido a Alaya avanzar en el resto de vías abiertas en la compleja investigación.

Al final, la Junta entregó las actas que han quedado guardadas en un armario blindado en los juzgados de Sevilla, pero a las que la juez no podrá acceder hasta que se dirima el conflicto competencial. Mientras, el enfrentamiento entre la Junta y la juez ha subido de temperatura con agrios escritos judiciales.