El tribunal rechaza la última apelación de Camps en el caso de los trajes

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha rechazado el último recurso de Francisco Camps en el caso de los trajes. El futuro judicial del presidente de la Generalitat queda de este modo en manos del juez instructor, José Flors, que parece decidido a sentarlo en el banquillo por aceptar regalos de la trama Gürtel; la masiva red de corrupción dirigida por Francisco Correa que, según la investigación, encontró en Valencia un lugar muy fecundo donde hacer negocios al amparo del Gobierno autonómico y el PP regional. Las numerosas pruebas recabadas en la instrucción apuntan a que las empresas de la trama se beneficiaron de contratos adjudicados de forma irregular por la Generalitat y que, paralelamente, la red participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.

La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha desestimado las apelaciones presentadas por Camps y su exvicepresidente Víctor Campos, despeja el señalamiento de la vista preliminar, el acto que precede inmediatamente a la decisión de Flors de abrir o no juicio oral contra el presidente valenciano por cohecho impropio.

Camps siempre ha negado haber recibido regalos. Las pruebas acumuladas en los dos años de instrucción, obtenidas a través de registros, grabación de las comunicaciones de los miembros de la red corrupta y declaraciones de los empleados de los dos establecimientos que preparaban las prendas de vestir, señalan, en cambio, lo contrario.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2005 y 2008 Camps recibió de la red, al menos, 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros. El ministerio público ha solicitado por ello una pena de multa de 41.250 euros para el presidente, al tiempo que recordaba que el Código Penal actual castiga ese comportamiento con penas de cárcel e inhabilitación especial.

El presidente de la Generalitat también ha negado haber tenido más relación con el cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, que la profesional, derivada de su condición de organizador de actos para el PP valenciano. Las conversaciones intervenidas a la trama revelan, por el contrario, un alto grado de familiaridad entre ambos.

En una grabación efectuada el 24 de diciembre de 2004 se escucha a Camps decirle a El Bigotes: "Feliz Navidad, amiguito del alma"; "[tenía que haberte llamado] sobre todo para decirte que te quiero un huevo".

En otra charla, intervenida el 7 de enero de 2009, Pérez le dice al presidente:

-Fíjate si te debo...

-No, no, nada- responde Camps.

-Sí, sí, sí.

-Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito-, termina el presidente antes de pasarle el teléfono a su mujer. Isabel Bas, la esposa de Camps, se queja a El Bigotes de que el regalo que le ha enviado resulta excesivo ("con el mío te has pasado 20 pueblos", se le oye decir), pero parece aceptar el obsequio que Pérez le ha hecho a uno de sus hijos.

El juez Flors no pareció quedar muy satisfecho con las explicaciones que Camps ofreció en la causa sobre los supuestos regalos. Según la reconstrucción realizada por este diario de la declaración que Camps hizo en sede judicial, el 20 de mayo de 2009, el magistrado preguntó al presidente refiriéndose a la segunda conversación mencionada:

-¿Qué le debe a usted el señor Pérez?

-Todos los valencianos me deben mucho porque he sacado adelante la Comunidad Valenciana. Los valencianos me gritan "presidente, presidente" cuando me ven por la calle.

-No, señor Camps, lo que le pregunto es: ¿qué le debe el señor Pérez?

-Todos reconocen mi empuje como presidente.

-Bien, es suficiente-, concluyó Flors.

Las pruebas recabadas por la policía señalan que las empresas del entramado de Francisco Correa obtuvieron de la Generalitat contratos millonarios adjudicados a dedo por diversas consejerías y parcelados para esquivar los controles legales. Que emplearon empresas pantalla y se valieron de contratos hechos a media por organismos públicos valencianos (en la visita del papa). Y que habrían participado de la financiación ilegal de las campañas del PP de las últimas elecciones autonómicas y generales, canalizando los fondos que suministraban empresas constructoras, que a su vez eran adjudicatarias de contratos millonarios de la Administración autonómica.

Las apelaciones rechazadas por el tribunal se referían a la petición de las defensas de revisar todas las grabaciones realizadas a los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Y a la solicitud de que prestase declaración Cándido Herrero, gerente de Orange Market, principal empresa de la trama en Valencia.

En la causa de los trajes están imputados, además de Camps y Campos, Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV y candidato a repetir como diputado en las Cortes valencianas) y Rafael Betoret (jefe de protocolo de la Diputación de Valencia).