Cuatro presos de Picassent cumplirán 13 años y medio de cárcel por un motín en 2007

Cuatro presos de la cárcel valenciana de Picassent han aceptado hoy cumplir una pena de 13 años y medio de prisión por secuestrar y herir a tres funcionarios en noviembre de 2007. También amenazaron con pinchos a otros internos, y algunos de ellos resultaron lesionados. Los procesados, en el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia de Valencia, han aceptado tras una negociación que ha durado cerca de dos horas una pena de 21 años, nueve meses y cuatro días de prisión por cuatro delitos de detención ilegal; tres de lesiones; un delito continuado de atentado; dos faltas de malos tratos; y tres faltas de amenazas. No obstante, solo cumplirán 13 años y medio, atendiendo a la refundición de condenas, según el acuerdo alcanzado por las partes.

Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para los acusados 46 años de cárcel al imputarles cuatro delitos de lesiones -en lugar de tres- y tres faltas de amenazas. Asimismo, tendrán que indemnizar a los tres funcionarios con 33.800 euros en total, y a dos internos que resultaron heridos con 90 y 2.000 euros respectivamente -la última cantidad por daños morales-.

Uno de procesados, en el momento en el que se le ha otorgado la última palabra antes de dejar el juicio visto para sentencia, ha amenazado a los funcionarios y les ha dicho: "Tienen que pagarlas todavía". Ha relatado que los empleados les tenían en un patio "de mala manera", de cuatro metros de largo por dos de ancho. "No había ni alcantarillas ni nada", ha dicho. Ha comentado que denunció esta situación a inspectores de Madrid, y que el motín se produjo como consecuencia de estos hechos. Por su parte, otro acusado ha indicado que en el momento en el que se produjo el motín "había un abuso de poder" en el módulo de aislamiento, que es en el que se encontraban. "Pasamos 26 días con tratos vejatorios, degradantes y torturas psicológicas", ha señalado. "Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo", ha apostillado. Así, ha afirmado que "hubo motivos para que ocurriera eso y más", ha aseverado. Los otros dos procesados han indicado que las navajas, cuchillos y móviles que portaban el día del motín pertenecían a los funcionarios y los cogieron de sus bolsas. "El pincho sí que lo fabricamos nosotros", ha indicado uno de ellos.

El motín

El suceso tuvo lugar en la tarde del 27 de noviembre de 2007. Los acusados, todos ellos internos en el centro penitenciario, en el módulo 11 de aislamiento, idearon un plan para realizar un motín. Entonces, uno de ellos solicitó a un funcionario, que estaba vigilando el patio, hacer una llamada telefónica, y este le acompañó. A la vuelta, cuando el funcionario abrió la puerta, el procesado se abalanzó sobre él, le golpeó reiteradamente y le redujo. Por su parte, otros dos acusados redujeron a otro funcionario que acompañaba al primero, le golpearon y le pusieron unos grilletes. Luego le encerraron en una celda de aislamiento, donde estuvo privado de libertad desde las 18.00 hasta las 00.30.

Posteriormente esposaron al primer funcionario y le golpearon. A otro empleado público que se encontraba en el interior de la oficina del módulo de aislamiento, un acusado le inmovilizó, le tiró al suelo y le esposó a la mesa. Asimismo, cada media hora le decía frases como: "¿Qué te parecería si te cosemos a puñaladas?".

En el transcurso de este motín, se unió a los procesados un cuarto interno que también realizó intimidaciones contra la vida de las personas a los funcionarios y al resto de los internos. Estaba provisto de un pincho. Además de los funcionarios, hubo cuatro internos más que sufrieron lesiones e intimidaciones, e incluso uno de ellos también fue esposado y privado de libertad hasta las 00.00.

Los acusados exigieron la presencia del juez en funciones de guardia, ya que para la liberación de los funcionarios querían droga y mejoras de vida en el centro. El magistrado se personó y, tras una negociación, logró la liberación de los funcionarios. Los tres empleados sufrieron varias lesiones en el cuello, cara o rodillas, y uno de ellos está actualmente jubilado -a pesar de sus 40 años de edad- por un trastorno psicológico grave.

El ministerio fiscal, los letrados de la acusación, de las defensas y el abogado del Estado han diferido respecto a la responsabilidad civil. Los primeros lo han achacado al Estado, al considerar que hubo un déficit de vigilancia y que no se extremaron las medidas de seguridad.

Frente a ello, el abogado del Estado se ha opuesto y ha reclamado la absolución de la Administración en esta causa por considerar que no hubo infracción y se actuó con "diligencia".