El Parlamento pide a la Cámara de Cuentas que fiscalice las ayudas a los ERE desde 2001

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy por unanimidad (PSOE, PP e IU) pedir a la Cámara de Cuentas de Andalucía que haga un "informe fiscalizador con carácter integral" de las ayudas dadas por la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis, desde 2001 hasta 2010.

Lo ha acordado la Comisión de Hacienda y Administración Pública, al aprobar una iniciativa en este sentido del Consejo de Gobierno y otras de PSOE y PP, al final unificadas por acuerdo de ambos grupos, para que la Cámara de Cuentas haga un informe "con carácter integral" sobre el asunto de los ERE, cuyas presuntas ilegalidades investiga la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Estas iniciativas mandan al órgano fiscalizador a investigar esas ayudas otorgadas en la última década tras las presuntas irregularidades detectadas, que una investigación de la Consejería de Empleo cifra en 183, con 72 intrusos que nunca trabajaron en las empresas afectadas y 111 casos con "discordancias administrativas".

El diputado del PSOE José Caballos ha resaltado que la primera de estas iniciativas que entró en el Parlamento fue "la del propio Gobierno", porque se busca una "transparencia total" y que un órgano de extracción parlamentaria y específico como la Cámara de Cuentas "investigue qué ha ocurrido" con esas ayudas.

Se trata de "investigar la gestión del propio Gobierno", según Caballos, que ha aseverado que está "clarísimo" que la Junta está "colaborando totalmente con la Justicia, salvo la discrepancia surgida con las actas de los consejos de Gobierno".

Ha destacado que los socialistas quieren que se investigue hasta el final "caiga quien caiga" y que "quien haya metido la mano, lo pague", a diferencia del PP, pues el PSOE "no lo dice, sino que lo hace", ha dicho en respuesta a las acusaciones del parlamentario popular Francisco Delgado Bonilla.

Ha admitido que "se han producido irregularidades" en esas ayudas y, "en su caso ilegalidades, lo que determinará la juez", pero ha insistido en que mientras tanto el Gobierno andaluz y el PSOE están "colaborando con la Justicia" y "llevando la iniciativa".

El objetivo es que la Cámara de Cuentas establezca "profesional y técnicamente lo que ha ocurrido, pero sin disparar contra todo lo que se mueva, sin confundir la pequeñísima parte con el todo, ni deslegitimando todas la políticas sociolaborales que han beneficiado de manera justa, legal, legítima y correcta a muchos trabajadores y empresas", como pretende el PP, según el parlamentario socialista.

Delgado Bonilla (PP) ha recalcado que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, compañero suyo como inspector de trabajo y seguridad social, "en su día prometió o juró cumplir con sus obligaciones y defender las funciones de vigilancia del cumplimiento del orden social y laboral", por lo que ha apelado a que cumpla su compromiso.

Para el diputado del PP, el Gobierno está en una "huida constante del derecho administrativo para entrar de lleno en el Código Penal" y está bajo sospecha" por el mal uso de fondos públicos, "y ya se verá si es por intereses partidistas o por beneficiar a amiguetes".

Ha denunciado que "todo lo que toca" el PSOE, "lo corrompe, lo contamina y lo prostituye", como "un instrumento jurídico muy eficaz como los ERE", y ha dicho que "tuvo que haber muchos padrinos" y que hay que "depurar responsabilidades e investigar los expedientes ya pagados" o 'muertos', además de preguntarse si el Fondo de Garantía Salarial "también estará contaminado".

Pedro Vaquero (IU) ha coincidido en que hay que investigar, pero que, igual que se aprueba que la Cámara de Cuentas fiscalice esas ayudas, también debería de haberse creado una comisión de investigación en el Parlamento, y ha exigido que "se depuren todas las responsabilidades políticas y se coja el toro por los cuernos".