El Supremo revisa la condena a una librería de Barcelona por vender material nazi

El Tribunal Supremo celebrará hoy una vista para revisar la sentencia dictada en 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a penas de hasta tres años y medio de cárcel a cuatro responsables de la desaparecida librería Kalki y de una editorial de Molins de Rei (Barcelona) por vender material de ideología nazi.

La revisión del alto tribunal sentará jurisprudencia respecto al alcance de aplicación del artículo 510 del Código Penal, que castiga a los que provocaren la discriminación, odio o violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas o ideológicos, entre otros. La aplicación de este precepto ha sido diferente según el juez que lo aplicaba. Así, mientras los porpietarios de Kalki fueron condenados, el líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, vio como se archivaba una querella contra él por repartir folletos en los que vinculaba la delincencia con el colectivo de gitanos rumanos.

La sentencia dictada en octubre de 2009 por la Audiencia de Barcelona consideraba probado que, entre enero y julio de 2003, los condenados vendieron, a través de la librería ubicada en la calle Argenter del barrio de Sant Pere y de su página web, todo tipo de publicaciones en las que se justificaba y exaltaba el régimen nazi y se incitaba al genocidio del pueblo judío.

Según el tribunal, algunos de los libros y revistas incautados en la librería y los domicilios particulares también incitaban a la discriminación, la exclusión y la eliminación de distintos grupos raciales y sociales mientras que exaltaban y justificaban los regímenes fascistas totalitarios basados en la supremacía de la raza aria. Asimismo, algunos documentos ridiculizan o banalizan el Holocausto, lo que, para los magistrados, equivalía a justificarlo.

La venta de este tipo de libros constituye un delito continuado de difusión de ideas genocidas y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, según recordó la Audiencia de Barcelona.

En concreto, se condenó a Ramon B.F., presidente del neonazi Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), a tres años y medio de prisión y a pagar 6.000 euros de multa por la difusión de ideas genocidas, un delito contra los derechos humanos y otro de asociación ilícita.

Asimismo, la Audiencia impuso a Oscar P.G., propietario de la librería y dirigente del CEI, la pena de tres años y medio de cárcel y una multa de 3.600 euros por los mismos tres delitos. Carlos G.S., dirigente del CEI, fue condenado por los mismos delitos a tres años de prisión y 3.240 euros de multa, mientras que el cuarto acusado, Antonio L.S., propietario de la editorial, fue castigado con dos años y medio de cárcel y 2.400 euros de multa por difusión de ideas genocidas y un delito contra los derechos humanos.

El CEI, fundado en Valencia en 1997 por Ramón B.F., promovía esta ideología. Tenía como lema "Hermandad Aria", y como símbolo, las iniciales de éste, H y A, que coinciden con las de Adolf Hitler. Además, se obligaba a todos sus miembros a vestir de uniforme, con camisa parda y pantalones y botas militares, además del brazalete con el símbolo de la entidad.

Los dirigentes del grupo pretendían ser una especie de "Estado Mayor", autodenominado "SS", que pudiera imponer un sistema fascista en cualquier lugar de Europa aunque fuera militarmente. El juramento para pertenecer al grupo paramilitar prometía fidelidad eterna a Hitler y sus ideas.

Las investigaciones empezaron a finales de 2002 tras tener conocimiento de que, a través de la librería y de la editorial, se distribuía este tipo de material. La citada librería vendía los libros editados por la empresa editorial, por lo que los Mossos establecieron un vínculo profesional y comercial entre los dos detenidos.

En los registros practicados en julio de 2003 y mayo de 2004, los agentes intervinieron 10.000 libros, cintas de vídeo, revistas, publicaciones en otras lenguas, "fanzines" y esvásticas. La mayoría de las publicaciones se distribuían en Europa, sobre todo en Francia y Portugal, así como en Sudamérica, principalmente en Chile. La sentencia ordena el decomiso de todo el material.

Debido a la presión policial, en mayo de 2005 el CEI se disolvió y en noviembre de 2006 ingresaron 18.000 euros en el juzgado en favor de las Comunidades Israelitas de Barcelona, SOS Racismo y Amical Mathausen, que se personaron en el juicio como acusaciones populares.

Un caso parecido a este fue el de la Librería Europa, del barrio de Gràcia de Barcelona, cuyo propietario, Pedro Varela, fue condenado por justificar también el Holocausto.