La juez del caso de los ERE critica a la Junta su "falta de colaboración" para entregar la documentación requerida

La juez que investiga presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha reprochado a la Junta su "falta de colaboración" para entregar los documentos pedidos y su pasividad ante el "incumplimiento flagrante" de la normativa y el "menoscabo de fondos públicos" que causaba.

En dos autos notificados hoy a las partes, a los que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla da a la Intervención General de la Junta un plazo de 48 horas para que entregue un centenar de documentos, entre ellos los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), programas de actuación, auditorías y cuentas anuales.

La juez recoge en su auto que las transferencias de financiación que luego se destinaron a los ERE irregulares se realizaron "prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Hacienda Pública de Andalucía".

Por ello, requiere a la Junta para que informe de las verdaderas razones para no haberlos emitido en el plazo de seis meses, como exige la normativa, máxime cuando la Intervención General alertó sobre ello.

Añade que la Junta debe justificar por qué dicha Intervención General "no requirió la emisión de los citados informes" y, en su caso, por qué no dio cuenta a las consejerías respectivas, más aún cuando en el caso se daban "las circunstancias que, por su importancia, podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos".

La juez apunta que la falta de dichos informes obligatorios refleja "un evidente e intencionado incumplimiento del Decreto 9/99", teniendo en cuenta que el IFA (hoy agencia IDEA) "ha sido y es una empresa pública sometida a control financiero permanente de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

En otro auto notificado hoy y fechado el 11 de marzo, la juez Mercedes Alaya explica que sigue examinando la documentación aportada por la Junta sobre los intrusos en los ERE y la califica como "a todas luces incompleta e insuficiente".

Además, expresa su sorpresa por el hecho de que la Junta señale que en la empresa Saldauto hay tres intrusos pero la documentación recibida recoge ocho, en Surcolor la Junta señala a dos falsos trabajadores pero en el ERE aparecían once y en Hytemasa la Junta solo incluye a una trabajadora irregular pero el atestado de la Policía recoge cuatro.

La juez acuerda además solicitar el organigrama completo de las consejerías de Economía, de Innovación, Presidencia y de la Intervención General de la Junta, junto con las viceconsejerías respectivas.

Además, acuerda unificar la causa abierta por los ERE de la Junta con la ya existente por irregularidades en los ERE de Mercasevilla, dado que ambas apuntan a "la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo y Planes de Jubilación Anticipada con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral".

No obstante, dada la complejidad de la causa, la magistrada acuerda formar una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos, que hoy han sido cifradas en 24 por el consejero de Empleo, Manuel Recio.