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Los macroprostíbulos Riviera y Saratoga estarán cerrados otro año por orden de la juez

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona mantiene que hubo "tratos ilícitos" con policías

Los macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga se mantendrán cerrados por orden de la titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, que ha prorrogado por un año la clausura, según han explicado fuentes judiciales. Los dos macroburdeles permanecen cerrados desde marzo de 2009 por orden de la juez, que investiga una supuesta trama de corrupción policial que podría haber permitido a estos locales explotar a inmigrantes irregulares.

En el auto, la juez justifica el cierre para evitar la reanudación de la actividad delictiva, ya que de las diligencias practicadas se desprende que en los macroprostíbulos ejercían mujeres que no eran admitidas en otros clubes por no cumplir determinados requisitos -muchas estaban en situación irregular en España-, y los imputados se aprovechaban de ellas.

Además, considera que hay indicios suficientes de tratos ilícitos con funcionarios policiales, ya que presuntamente los dueños de los locales pagaban para obtener "protección" de los policías, que dejaban de cumplir su obligación legal de perseguir delitos.

La juez ha decidido prorrogar la medida cautelar por otro año teniendo en cuenta que, de no ser acordada la prórroga, se permitiría la inmediata reanudación de las actividades ilícitas y debido a las dimensiones de la causa.

A principios de marzo de 2009 se ordenó el cierre de los dos macroburdeles por seis meses, en septiembre de 2009 por seis meses más, y nuevamente en marzo de 2010 por un año.

Reforma del Código Penal

La defensa de Riviera había recurrido el cierre del local, por considerar que había perdido base legal con la reforma del Código Penal. La trama implica a una decena de personas; entre ellas, el jefe de un grupo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (Ucrif), un inspector jefe y un funcionario municipal.

En la investigación, que arrancó en verano de 2007, detuvieron a un comisario de la Policía Nacional sospechoso de haber alertado de redadas a los responsables de los clubes a cambio de importantes sumas de dinero. La juez imputa a los implicados delitos relativos a la prostitución, inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores y cohecho.