La Comunidad se quedará con el suelo de la Cañada si en dos años persisten los problemas

El Gobierno regional da un plazo de dos años a los ayuntamientos implicados en la Cañada Real -Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada- para solucionar los problemas sociales y urbanísticos de la vía pecuaria. Si transcurrido ese plazo la situación persiste, la Comunidad dispondrá libremente del suelo.

Así lo establece el dictamen sobre el proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana aprobado esta mañana por la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid, con diez votos a favor (PP) y siete en contra (PSOE e IU).

El texto, que será ratificado definitivamente por el pleno del 10 de marzo, fija un plazo de dos años para que las administraciones implicadas solucionen los problemas sociales y urbanísticos de la Cañada, donde viven unas 20.000 personas.

Si transcurrido ese periodo no se ha conseguido una solución, la Comunidad de Madrid podrá disponer libremente del suelo, lo que ha motivado el voto en contra de IU, que se opone a su venta y a posibles "maniobras especulativas". La portavoz de la coalición de izquierdas, Carmen Pérez, ha abogado por una solución única pero abierta a distintas posibilidades según la zona y el problema. "Entendemos fundamental la consecución consensuada de una intervención social", ha dicho.

El PSOE también ha votado en contra porque considera que esta ley sólo sirve para pasar la "patata caliente" a los ayuntamientos implicados. A su juicio, el texto debería establecer que se aprobará un Programa Integral de Actuación antes de ordenar urbanísticamente la zona y que, para elaborar ese programa, es preciso realizar previamente un censo de población. El portavoz socialista, Antonio Gordillo, ha criticado laley porque, a su juicio,"no contempla instrumentos de intervención social, ni de ordenación urbanística, ni de recuperación medioambiental".