Los ex presos políticos exigen que no se entierre el Memorial Democrático
La asociación, que celebra los treinta años de su legalización, pide reunirse con Ortega
La Asociación Catalana de Ex presos Políticos del Franquismo no está dispuesta a que el Memorial Democrático quede enterrado con la llegada de Convergència i Unió a la Generalitat. La vicepresidenta Joana Ortega apostó por "racionalizar" la institución que trabaja para la memoria histórica y darle más peso académico. La oposición ve en esa intención la voluntad de suprimir el Memorial. La Asociación Catalana de Ex presos Políticos del Franquismo espera inquieta a que Ortega ponga en práctica sus planes. Esta mañana, Enric Pubill, presidente de la asociación y del Consejo de Participación del Memorial, ha denunciado el "vacío de poder" de la institución tras la destitución de su director, Miquel Caminal.
"No estamos conformes en convertir la memoria en una pieza de museo. No se puede deshacer de esta manera", se ha quejado Pubill, aunque es prudente. El representante de los ex presos políticos espera poder reunirse con la vicepresidenta para conocer de primera mano sus intenciones. Aunque, de momento, no ha recibido respuesta. "Queremos saber la intención de la señora Ortega. No estamos dispuestos a que entierren un memorial democrático que nos ha costado tanto lograr", ha asegurado Pubill.
La asociación de ex presos políticos de Cataluña celebra la semana que viene sus treinta años como formación legal. La entidad nació en los años 60 con el objetivo de ayudar a los miles de represaliados del régimen, aunque no fue hasta 20 años más tarde cuando logró su legalización. "Hasta ahora, la acción memorial ha puesto el énfasis, con toda la justicia, en reivindicar la acción de los militantes antifascistas de la posguerra. Ha llegado el momento de reivindicar la memoria de este antifranquismo de los años 60 y 70", reza el manifiesto que la entidad ha preparado para su aniversario, en el que se han fijado como objetivo poner el foco en los represaliados por el Tribunal de Orden Público franquista.
"Exigimos la anulación de las sentencias emitidas por el TOP y todos los tribunales franquistas, ilegítimos por origen y naturaleza", exige el manifiesto, bajo el título de Memoria y Justicia, contra la impunidad y el olvido, que ha sido firmado por 180 personalidades. La asociación promete no quedarse de brazos cruzados y pide a los jóvenes que "continúen la lucha" para asegurar que sobrevivan los derechos sociales.
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