Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La escalera de Camps tiene más peldaños

El PP quiere confirmar en marzo al dirigente valenciano como candidato sin saber si antes de las elecciones del 22-M se sentará en el banquillo de los acusados

El presidente valenciano Francisco Camps desea que se aclaren todas las sombras de duda que envuelven su conducta pública, que se conozca la verdad sobre los trajes que viste y que las sospechas de corrupción que le persiguen se disuelvan de una vez. Porque Camps es inocente (audio) y se paga su ropa, según proclamó una vez con risa nerviosa de fondo.

Desde hace dos años, los abogados de Camps se afanan en recurrir y pedir pruebas sin fin. El procedimiento judicial se ha convertido de esta manera en un elefante adulto enfrentado a una pista americana de obstáculos que no deja ver la meta.

Los adversarios políticos de Camps piensan que esa táctica, la de pedir pruebas y más pruebas antes de recurrir y recurrir, solo persigue que el presidente valenciano no llegue al banquillo de los acusados antes del 22 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas. El juez José Flors, que instruye el caso y que hace más de un año ya vio indicios suficientes para sentar a Camps en el banquillo, parece harto de esa supuesta táctica y en uno de sus últimos autos negó a la defensa del presidente valenciano una prueba que, supuestamente, ya se había entregado.

Flors ha despejado en los últimos días el camino al señalar el final de la instrucción y pedir a las partes que se pronuncien sobre si Camps debe o no ser juzgado. El adulto elefante ya puede ver la meta donde hay dispuesto un banquillo para sentar al presidente valenciano. Pero el lento procedimiento judicial todavía tiene que superar algún obstáculo.

Alguien le contó a Camps un día que la causa abierta por unos trajes acabaría disolviéndose como humo en el aire cuando llegara a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde había tres magistrados de tendencia conservadora que le librarían del calvario con un archivo limpio.

Y el presidente valenciano, que entendió el mensaje, soltó una frase premonitoria. "La verdad está cada día más próxima, quedan uno o dos escalones y entonces, toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado al pasado" (vídeo).

La verdad es que desde entonces hasta hoy, todas las averiguaciones que ha hecho el juez Flors han acercado un poco más a Camps al banquillo de los acusados por cohecho. La escalera de Camps tiene más de dos escalones y, de momento, nadie puede garantizar al presidente valenciano que tras el último peldaño se esconda una absolución.

La cuestión extraña, absurda y estrafalaria de la que hablaba el presidente valenciano no es más que un vulgar cohecho sobre el que se ha pronunciado el juez Flors, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el Tribunal Supremo.

El empresario Álvaro Pérez, amigo de Francisco Camps, abrió negocio en la Comunidad Valenciana en 2003 y, de inmediato, empezó a recibir contratos de la administración que gobernaba el PP (audio).

La inmensa mayoría de esos contratos se adjudicó sin concurso previo, a dedo, al empresario Pérez quién, a su vez, mostraba su agradecimiento agasajando a los políticos que le daban los contratos y a los jefes de esos políticos. El grosero trapicheo de favores alcanzó a la visita del Papa, en cuya organización participó a través de empresas pantalla la trama corrupta para ganar varios millones de euros.

La investigación descubrió, en la contabilidad de las empresas de Pérez, el pago de regalos por miles de euros no sólo a Camps y a media docena de altos cargos del PP valenciano, sino a las esposas e hijos de varios de ellos.

Mariano Rajoy, máximo responsable del PP con aspiraciones de Gobierno, no se lo quiere creer: "Nadie se vende por tres trajes". Pero la verdad, documentada en el sumario, es que los trajes llegaron al armario de Camps tras los contratos de la Comunidad Valenciana a Orange Market.

Flors vio cohecho impropio; la Fiscalía también. Al igual que antes lo vieron el juez Baltasar Garzón y el juez Antonio Pedreira. Si ahora lo ve así un jurado en un juicio, la carrera política de Francisco Camps habrá llegado a su fin.

Antes de que llegaran a juicio, el PP ha destituido a una decena de sus altos cargos en la Comunidad de Madrid, todos ellos imputados por el caso Gürtel. Pero Camps y Valencia son diferentes.