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Los escándalos que afectan al PP

Flors pide a las partes que presenten sus conclusiones contra Camps

El juez del TSJ decidirá después si abre juicio por los regalos de 'El Bigotes' a miembros del PP y de la Generalitat valenciana.- El presidente pide al fiscal que aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves"

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors ha dado un plazo de cinco días a las acusaciones para que presenten sus conclusiones finales en el caso abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres ex altos cargos del PP y del Gobierno regional por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar regalos de la trama Gürtel.

Una vez cubierto el plazo para las acusaciones (socialistas valencianos y fiscalía) dará el mismo tiempo a las defensas. A continuación, Flors decidirá si cierra el caso o abre juicio oral. En 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa aunque el Tribunal Supremo ordenó reabrirla meses después.

Poco después de conocer la noticia, el propio Camps ha pedido al fiscal que aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves", en referencia a los casos abiertos contra el presidente del Congreso y el vicepresidente tercero del Gobierno y que han sido archivados. Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.

Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo. "Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.

El magistrado del TSJ rechazó recientemente la práctica de nuevas pruebas que habían pedido Camps, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Sobre todos ellos pesan las acusaciones de haber recibido regalos de la trama Gürtel.

Tras divulgarse la providencia de Flors, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, se ha mostrado convencido de que Camps se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes, aunque no antes de las elecciones. A juicio de Luna, el magistrado "ha decidido dar un paso adelante en la instrucción del procedimiento" y "lo ha hecho un poco motivado por los intentos de dilatar el procedimiento que se estaban comenzando a observar en la defensa de Camps y los otros inculpados", algo que no es "nada nuevo". Según Luna, los populares se dedican a "presentar recursos, a enmarañarlos y en este caso, es evidente que Camps tiene mucho interés en que se alarguen todos los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" a la presidencia de la Generalitat porque "aún no la tiene".

Para el portavoz socialista, las pruebas reunidas en la causa con "suficientemente contundentes" contra Camps y, a su juicio, no hay "ninguna duda" de que "acabará sentándose en el banquillo" aunque no sea antes de las elecciones. Luna ha defendido que esta situación inhabilita a Camps para ser candidato y que debería haber dejado la presidencia de la Generalitat "hace muchos meses".

A estas declaraciones ha respondido el diputado del PP en el Parlamento valenciano José Marí Olano, para quien no existen "pruebas de cargo" que justifiquen mantener abierta la causa contra el presidente de la Generalitat. El diputado ha insistido en que hay "pruebas de descargo" como los dos informes periciales que obran en la causa y "muchos" testimonios "contundentes" que justificarían que la fiscalía pidiera el archivo de la causa. Y en la misma línea de Camps, ha instado a la fiscalía a que demuestre "que actúa imparcialmente y con sujeción al principio de legalidad", ya que existe "acerbo probatorio" suficiente para el archivo.

Está pendiente, por otra parte, que el TSJ valenciano acepte o no el resto del caso que afecta a los dirigentes políticos valencianos, y que está relacionado con una presunta financiación ilegal, después de que el magistrado del TSJ de Madrid Antonio Pedreira se inhibiera y enviara el asunto a Valencia tras encontrar indicios de hasta siete delitos en la actuación de la cúpula del PP y de la Generalitat.