Suspendido el juicio a 17 guardias civiles acusados de cobrar a los pasajeros en Málaga

Por 50 euros se podía pasar comida, plata, cuero, ropa, ordenadores y hasta dinero. Por esta cantidad, según la Fiscalía, 17 guardias civiles destinados en el aeropuerto de Málaga hacían la vista gorda y dejaban hacer y dejaban pasar. Algunas veces, dejaron entrar alimentos afectados por alertas sanitarias a causa de enfermedades animales, como la fiebre aftosa o la gripe aviar. Esta mañana se iban a someter a juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, pero el tribunal lo ha suspendido al considerar que la vista debe ser con jurado.

La sala afirma que los delitos que aborda la causa, principalmente el cohecho, deben ser juzgados por un tribunal popular. Esto supone que parte de la instrucción, que se inició hace ahora cinco años, deberá repetirse.

El abogado José Luis Ortega, defensor de 14 de los 17 guardias, ha planteado la nulidad al tribunal "por falta de competencia". "Todo queda nulo, por lo que deberán verse de nuevo las pruebas (...) Humildemente pienso que cuando se revise todo, no se va a llegar a celebrar", ha señalado el letrado.

Después de oír las cuestiones previas de las defensas, la sala ha deliberado durante 20 minutos y ha acordado declararse "incompetente" para celebrar el juicio. Los abogados también han incidido en la nulidad de las grabaciones de vídeo en las que aparecían los guardias civiles enjuiciados recibiendo dinero de los pasajeros porque se hicieron en un cuarto destinado habitualmente a cacheos, algo que entraría en colisión con el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas que lo visitaban.

"Hay una clara desproporción entre la gravedad del hecho que se investiga y las medidas que se aplican (...) El cohecho está perfectamente definido con penas que van de la suspensión de empleo y multa, por lo que no podemos hablar de gravedad de los hechos", ha planteado el abogado Pedro Apalategui.

El letrado Carlos Larrañaga ha asegurado que al guardia civil que defiende se le ha aplicado una "imputación genérica y abstracta" que vulnera el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no se ha determinado el dinero que recibió. "Sólo es posible defenderse de aquello que previamente se conoce y hasta ahora no lo conocemos", ha dicho al tribunal.

La Fiscalía malagueña acusa a 11 agentes por un delito de cohecho, por el que reclama suspensión de empleo y cargo público durante tres años y multas de entre 30 y 600 euros. Los otros seis están acusados de un delito continuado de cohecho y les reclama tres años y nueve meses de suspensión y multa.

Las principales víctimas de la extorsión son asiáticos -también hay una familia nórdica- que, según el fiscal, venía ya avisados de que tendrían que pagar 50 euros para pasar comida. De hecho, un ciudadano también está acusado por haber dado supuestamente dinero a algunos de los agentes para pasar alimentos.

Los imputados fueron detenidos el 12 de febrero de 2006 y han mantenido siempre su inocencia. La defensa de uno de los guardias civiles ha señalado que las acusaciones carecen de base porque se les acusa de recibir dinero de personas que en muchos casos no están identificadas, y sin determinar la cuantía económica recibida. Todos pertenecen a la escala básica y llevaban destinados en el aeropuerto de Málaga entre diez meses y cerca de veinte años, por lo que algunos estaban a punto de jubilarse, e incluso cuentan con medallas de mérito al trabajo.