La fiscal general venezolana reclama a España la extradición de un policía

Arturo Cubillas, el etarra deportado a Caracas en 1989 y cuya extradición ha sido solicitada por el Gobierno español a instancias de la Audiencia Nacional, no acudió hoy a la Fiscalía General de Venezuela para declarar como testigo en la investigación en su contra solicitada por él mismo. No obstante, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, ha anunciado que Cubillas sí asistirá mañana, a las nueve, a una "entrevista" en el Ministerio Público para esclarecer los hechos con los que se le relacionan y que podrían ser constitutivos de delito.

Ortega Díaz ha aprovechado sus declaraciones para realizar un emplazamiento: "Vamos a ver si con la misma eficacia que hablan, ellos [las autoridades españolas] responden".

Arturo Cubillas, funcionario del Ejecutivo de Chávez desde 2005 y actual jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, ha sido señalado por dos jueces de la Audiencia Nacional de España como supuesto enlace entre ETA y la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 11 de octubre, Cubillas pidió al Ministerio Público venezolano que abriera un proceso para comprobar la veracidad de las acusaciones en su contra presentadas por los jueces Eloy Velasco e Ismael Moreno, y difundidas por los medios de comunicación españoles y venezolanos, alegando "indefensión". Según estas versiones, al etarra Arturo Cubillas se le considera sospechoso de haber organizado en territorio venezolano encuentros que han servido para el "intercambio de experiencias, y el adiestramiento militar, entre las FARC y ETA".

El 29 de octubre pasado, España solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Cubillas, según informó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, la fiscal Luisa Ortega Díaz ha afirmado que no ha recibido aún notificación oficial de esta solicitud. En declaraciones anteriores, Ortega Díaz había insistido en que Arturo Cubillas no puede ser extraditado mientras posea la nacionalidad venezolana.

La fiscal general de Venezuela ha insistido, en cambio, en que España debe efectuar la extradición de Mario Leonardo Rocco, un ex funcionario de la policía política venezolana detenido el 22 de septiembre en Canarias por estar involucrado en la muerte de un estudiante durante la intentona golpista del 4 de febrero de 1992.

Arturo Cubillas fue deportado a Venezuela desde Argelia en mayo de 1989, en el marco de un acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Felipe de González y de Carlos Andrés Pérez. Desde 2005 trabaja en la Administración pública venezolana: el 20 de octubre de ese año fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras, y desde 2007 es Jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras, que depende del mismo ministerio.

Su esposa, la periodista venezolana Goizeder Odriozola, es actualmente la jefa de relaciones públicas del vicepresidente de la República, Elías Jaua.