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Barberá afirma que no pagará su parte de la deuda de la Copa del América

Ayuntamiento y Generalitat deben 24 millones de euros al Consorcio de las administraciones que organizó las regatas.-El Gobierno replica que es el único que ha puesto dinero

Ni el Ayuntamiento de Valencia ni la Generalitat desembolsarán la deuda que mantienen con el Consorcio Valencia 2007, del que forman parte y que organizó la Copa del América hace tres años. La alcaldesa, Rita Barberá, y el vicepresidente segundo de la Generalitat y consejero de Economía, Gerardo Camps, no se sienten obligados a saldar lo que deben, han dicho hoy en conferencia de prensa. Estas dos administraciones adeudan 24 millones de euros al Consorcio, que ha funcionado en los últimos años con la única aportación del Gobierno, tercer socio en el organismo. El Consorcio, además, debe afrontar el pago de los 331 millones de euros pedidos al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para adaptar la dársena interior del puerto de Valencia a las regatas. El Ejecutivo socialista avaló ese préstamo para obras con la previsión de que la explotación comercial de la dársena generaría ingresos para el pago una vez acabado el evento, pero la zona está inactiva desde que acabaron las regatas.

"Llevo ocho meses sin que el jefe de gabinete de la ministra Elena Salgado me coja el teléfono", ha dicho hoy visiblemente molesta Barberá. La ministra de Economía es vicepresidenta del Consorcio, pero la alcaldesa lo preside y no lo ha convocado en estos meses. "Son los responsables (el Gobierno) de que la dársena esté paralizada", ha alegado la alcaldesa. Acto seguido, Barberá ha asegurado que había reservado los ocho millones de euros para pagar la deuda municipal con el organismo de las regatas, pero que los destinará a "otras cosas" ante la falta de comunicación con el Gobierno y la ministra Salgado.

El vicepresidente Camps tampoco afrontará el crédito del ICO porque, al igual que ha defendido Barberá, este préstamo debía devolverse con los beneficios de la explotación de la dársena, que está parada -el primer plazo, de ocho millones de euros, expiró en junio-. Ambos han echado la culpa de la situación al Gobierno y han alegado que como no hay ingresos de la zona portuaria, el crédito se deberá cubrir con los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que, según Camps, no tienen para 2011 reservada ninguna partida para este fin. Preguntada por la posibilidad que tiene de convocar al Consorcio, Barberá lo descartó a pesar de que puede hacerlo: "Nunca convoco una reunión sin haber pactado antes los temas".

La alcaldesa y el vicepresidente segundo del Consell han presentado un plan de usos para explotar la Marina Real Juan Carlos I basado en el concurso internacional de ideas celebrado en su día para la zona portuaria. Barberá ha defendido que el uso principal de la dársena debe ser el deportivo naval y el resto de actividades que allí se ubiquen deben estar supeditadas a este uso. En esa dirección ha apostado por poner en funcionamiento el varadero para megayates, destinado a atender embarcaciones de hasta 200 metros de eslora, con la consiguiente área comercial, restaurantes, lavandería y tiendas especializadas en accesorios navales. De financiar esta primera fase se encargarían las empresas que luego explotasen todos esos servicios.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, ha replicado a las críticas de los dos políticos del PP que el Ejecutivo es el único que ha puesto dinero para financiar la dársena. El Gobierno central desembolsó en su momento 16 millones de euros para sufragar los gastos ordinarios del Consorcio de la Copa.