ERC pide reformas legales para revisar los juicios políticos del franquismo

ERC defenderá mañana en el Pleno del Congreso una iniciativa en la que reclama al Gobierno que impulse las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo, o bien a través de la Fiscalía, pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El texto planteado por ERC, a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centra en la figura del que fuera presidente de la Generalitat durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Durante el debate del pasado miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.

"La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos.

Lo que pide ERC en la moción que someterá a votación mañana es introducir una modificación en la Ley de Memoria basada en el criterio de la Fiscalía para que se habilite un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclaman que se cambien también las leyes de enjuiciamiento criminal y la procesal militar con el fin de incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria.

Asimismo, ERC vuelve a pedir al Gobierno que lleve a cabo las actuaciones jurídicas y políticas pertinentes para anular la sentencia relativa a Companys, así como a realizar todas aquellas actuaciones oportunas para que el honor del presidente de la Generalitat fusilado sea reparado.