Amnistía Internacional lamenta que España no avance en la investigación de las fosas del franquismo

"Los cargos contra Garzón son escandalosos". Así lo denunció ayer el secretario general interino de Amnistía Internacional (AI), Claudio Cordone, durante la presentación del informe anual en el que la organización evalúa la situación de los derechos humanos en todo el mundo, en referencia a la causa abierta por el Tribunal Supremo contra el magistrado de la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes del franquismo.

No es la primera vez que AI muestra su apoyo al juez Garzón. Ya en marzo, cuando fue presentada la querella, la organización manifestó abiertamente su respaldo a la iniciativa del magistrado por considerar que la ley de Amnistía de 1977 no incluye los crímenes contra la humanidad. "Las desapariciones son crímenes que no prescriben hasta que se encuentra el cuerpo o hasta que aparece la persona desaparecida. Es un crimen al que ni siquiera puede aplicarse una amnistía. (Garzón) ha estado aplicado correctamente los principios internacionales y está siendo castigado por ello", recordó ayer Cordone.

En su informe sobre España, AI lamenta además que este país no haya incluido en el Código Penal el delito de desaparición forzada y que haya limitado la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en los que las víctimas eran españolas y a que el acusado estuviera en España. Al respecto, el director de la organización en España, Esteban Beltrán, destacó que este país ha perdido "liderazgo mundial en el ámbito de los Derechos Humanos" debido a que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el tema de las fosas comunes y a la limitación del principio de justicia universal. "El derecho a la justicia y a la reparación" de las víctimas sigue siendo una "asignatura pendiente en España", recalcó, subrayando además que incluso la propia Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 "dista de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos".

Violencia machista

El informe de AI denunció además que las víctimas de la violencia machista en España siguen sin recibir una protección "adecuada" del Estado. "A pesar de algunos avances en los últimos años, continúan muriendo mujeres a manos de su pareja o su ex pareja", señala el documento, que hace hincapié en que "las mujeres migrantes que sufrían violencia en el entorno familiar siguen enfrentándose a dificultades adicionales para obtener justicia y acceder a servicios especializados".

La organización también llama la atención sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en España. Según el informe, los inmigrantes y solicitantes de asilo siguen arriesgando su vida para llegar al país a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, si bien "los datos oficiales reflejan un descenso del 45% en el número de llegadas en patera en comparación con el año anterior", y destaca que "sindicatos policiales informaron de que agentes de la comisaría de policía de Vallecas, en Madrid, habían recibido órdenes de cumplir un cupo mensual específico de detenciones de inmigrantes irregulares". Además, España tiene todavía "una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la Unión Europea", pese a que la reforma de la Ley de Asilo amplía los motivos para reconocer la condición de refugiados.

Otro de los problemas que identifica AI en la parte de su informe que hace referencia a España es la falta de aplicación de una estrategia integral para combatir el racismo a nivel nacional y el hecho de que sea uno de los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo.

Torturas

AI concluye en su estudio que en 2009 continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (230, según la Fiscalía General del Estado), pero añade que, por ejemplo, en las comisarías de los Mossos d'Esquadra donde se han instalado cámaras de vigilancia, este tipo de denuncias son mucho menos numerosas.

Asimismo, la organización señala que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que estas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

El informe menciona además el trato que reciben algunos niños en centros de protección de menores donde el personal les somete a un uso excesivo de la fuerza, medicación forzada, abusos psicológicos y físicos y abandono.