El PP presenta al fin una propuesta de ley para regular Sitel "por la psicosis" de la ciudadanía
González Pons insiste en descalificar un sistema de escuchas que contrató y puso en marcha el último Gobierno Aznar
El verano pasado, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció ante las cámaras, no en el juzgado, que el Gobierno había intervenido ilegalmente conversaciones telefónicas de algunos de sus dirigentes. Daba así el pistoletazo de salida a una campaña contra Sitel (Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones), el dispositivo que permite a jueces y policías pinchar los teléfonos de las personas que son investigadas y que contrató el presidente de su propio partido, Mariano Rajoy, en 2001, cuando era ministro del Interior.
Ocho meses, decenas de declaraciones, amenazas y preguntas en el Congreso después, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha anunciado que el Grupo Popular presentará un proyecto de ley orgánica que regule Sitel y ha justificado la necesidad de esta norma en la "psicosis" al respecto que existe en la ciudadanía.
Sitel es un sistema informático que permite grabar todo lo que se haga por teléfono: quién llama y descuelga, el contenido de la conversación, los mensajes de texto, dónde están quienes hablan... El pinchazo lo hace la compañía telefónica, que es la que recibe la orden judicial, y deriva el teléfono al ordenador del policía encargado de la escucha. En el disco duro queda todo grabado, que se manda al juez en CD.
La proposición de ley que ha anunciado hoy González Pons está dirigida a "garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información obtenida" por Sitel "siempre con autorización judicial". El dirigente popular ha reiterado que en España las intervenciones de comunicaciones no están reguladas por una ley orgánica, algo contrario, en su opinión, a la propia Constitución.
Sin embargo, los organismos públicos han avalado en muchas ocasiones Sitel y la normativa que lo regula. Entre ellos destacan varias sentencias del propio Tribunal Supremo que lo considera "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación" y que justifica que una ley orgánica no regule el sistema.
También la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, respaldó Sitel en un informe en el que se aseguraba que los datos que recaba el sistema se bloquean tras la investigación y que la policía tiene limitado su acceso a la información.
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