Los resbalones de Asuntos Internos

El grupo de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía se ha llevado una seria reprimenda del Tribunal Supremo por la forma en la que investigó a los mandos del grupo antimafia de la Costa del Sol Valentín Bahut y Alfredo Marijuán, que fueron condenados por la Audiencia malagueña a 18 meses de prisión y que han terminado absueltos porque las pruebas que utilizaron contra ellos se habían obtenido de forma ilegal. Se trata del grupo dirigido por Carlos G., el mismo que investigó el supuesto chivatazo a ETA, cuyas conclusiones apuntan como autores a cargos policiales tomando como base únicamente el cruce de llamadas telefónicas cuyo contenido ignoran.

La sala que tomó esta decisión, compuesta por cinco magistrados, destaca en su fallo que los delitos por los que fueron juzgados no tienen nada que ver, "ni remotamente", con las acusaciones que Asuntos Internos utilizó para pinchar los teléfonos de los agentes Bahut y Marijuán y por los que estuvieron escuchando sus conversaciones durante 14 meses. Comenzaron a investigar su participación en una red de extorsión a locales de la provincia de Málaga y les sentaron en el banquillo por ayudar a un confidente que tenía una orden de detención por narcotráfico pendiente.

El Supremo les saca los colores en cuanto a su capacidad de conseguir información. Destaca, por ejemplo, que no fueron capaces de aportar el nombre o la importancia de las personas que espiaban en sus seguimientos, o el hecho de que ni siquiera se hubieran molestado en averiguar el patrimonio de los supuestos sospechosos de blanqueo de capitales, algo básico en este tipo de investigaciones.

La doctrina del fruto envenado, aquella por la que si el árbol se corrompe entonces cualquier fruto que se obtiene también lo está, resume perfectamente una situación judicial con riesgo de repetirse en otras investigaciones de Asuntos Internos. El juzgado número 2 de Marbella (Málaga) está investigando desde julio de 2007 una denuncia por chantaje contra dos de sus agentes por un supuesto delito de extorsión a un testigo. Según el denunciante, un empresario nocturno de Marbella, los policías de Asuntos Internos le ofrecieron destruir una grabación de vídeo que le comprometía a cambio de que declarasen en contra del inspector jefe de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) Carlos Farré.

En marzo de 2008, Farré fue detenido, junto a otros tres mandos entre los que también está Marijuán, por otro caso de corrupción policial. Los agentes, suspendidos de empleo y sueldo desde entonces, fueron acusados de vender información a ciudadanos rusos o trabajar como detectives privados, cargos que se han archivado, y de apropiarse bienes incautados en los registros, entre otras acusaciones. Farré y Marijuán, que fueron a prisión preventiva tras su detención, tendrán que sentarse en el banquillo, mientras que los otros dos agentes -Isaías Pacheco y Eusebio Vázquez- han visto como sus acusaciones, relacionadas con un registro ilegal, se han archivado.