Los abogados plantean una batería de causas de nulidad para el 'caso Ballena Blanca'

Vulneración de derechos fundamentales, escuchas telefónicas ilegales, causa iniciada sin indicios, falta de tiempo para preparar la defensa, ausencia de intérpretes para los acusados extranjeros, sumario mediático... El juicio del caso Ballena Blanca, una de las causas de blanqueo de capitales más voluminosas de la historia reciente -suma 257 tomos- se ha iniciado esta mañana en la Audiencia Provincial de Málaga con el examen de las cuestiones previas planteadas por los abogados de los 19 imputados. Los letrados -encabezados por Horacio Oliva, defensor del principal imputado, el abogado chileno Fernando del Valle- han planteado a la sala una verdadera batería de alegaciones con el objeto de conseguir la nulidad de la causa.

El primero de los macrojuicios de corrupción en Marbella que se verán este año en la Audiencia malagueña -los otros dos son los casos Minutas y Malaya- arrancó a las 11.00 con la intervención de Oliva. Su cliente, Fernando del Valle se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de prisión y multa de 37,1 millones de euros, acusado de blanquear 12 millones de euros a distintos delincuentes internacionales, entre los que figuran traficantes de drogas y armas y estafadores, desde su despacho en Marbella. Oliva dedicó una hora y 45 minutos a desgranar los motivos por los que, en su opinión, el juicio es nulo.

El primer argumento de Oliva es que el caso Ballena Blanca -iniciado en mayo de 2004, por orden del juez Miguel Ángel Torres, que después instruyó el caso Malaya- "fue una investigación policial meramente prospectiva, no basada en hechos concretos y determinados". Según el letrado, el primer informe de la Policía, en el que se pidió realizar escuchas telefónicas y tener acceso a datos fiscales de Del Valle y sus colaboradores, "demuestra que se investigó a partir de hipótesis de trabajo y que se carecía de indicios de delito". Se trató, afirmó Oliva, "de una operación transversal, de a ver qué sale".

Para el defensor del principal imputado, "la Ballena Blanca ha adelgazado, se ha quedado en el chanquete blanco". Las autoridades, recordó Oliva, informaron en marzo de 2005 que la investigación policial, con más de 50 detenidos, había logrado confirmar el blanqueo de 250 millones de euros y tenía ramificaciones que llevaban, entre otros, a Holanda y a la petrolera rusa Yukos, con una operación urbanística en La Alcaidesa (Cádiz). Al final, la causa por blanqueo se ha quedado en 12 millones de euros.

Respecto a las escuchas telefónicas, que indican que Del Valle conocía las actividades delictivas de algunos de los clientes de su despacho, Oliva las considero nulas. El letrado se apoyó que las comunicaciones entre los abogados y sus clientes forman parte del secreto profesional y del derecho de defensa, el mismo argumento que se está utilizando estos días para anular los pinchazos telefónicos del caso Gürtel, sobre corrupción en el entorno del PP.

Oliva criticó que se autorizara a la Policía llevarse "todos los datos de todos los clientes de Del Valle". En la operación se investigó, según un informe policial, a más de 2.000 clientes del abogado chileno. De ellas, 1.000 fueron identificadas y el resto, no pudieron serlo. "No se puede investigar indiscriminadamente, ha sido como entrar con un elefante en una cacharrería", denunció Oliva. Mientras tanto, Del Valle, que renunció a su derecho a ocupar una plaza en el estrado de los abogados, asentía en el banquillo.

El abogado defensor terminó su alegato atacando "la injerencia injustificada en los datos fiscales" de Del Valle y sus clientes, cuya anulación solicitó.

Un abogado de un acusado secundario en la trama alabó a la salida de la sesión el alegato de Oliva, aunque consideró que "no va a tener ningún efecto".

El segundo turno le correspondió al letrado del narcotraficante francés Sophiane Hambli. Ricardo Álvarez basó su alegato en la falta de tiempo para poder estudiar el sumario, después de que su cliente, que supuestamente blanqueó 1,5 millones con la ayuda de Del Valle fuera incorporado en una segunda fase. También adujo que "existe una causa de ilegalidad por falta de control judicial de las escuchas telefónicas".

El defensor del ciudadano ruso Germán Pastushenko, acusado de blanquear 1,2 millones, aseguró que se vulneraron las normas de reparto en los juzgados de Marbella a la hora de adjudicar la investigación del caso Ballena Blanca, y acusó al juez instructor, Miguel Ángel Torres, de "tener un interés muy especial" en esta investigación por su "interés mediático". El abogado, José Francisco Ruiz, también alegó "indefensión" de su cliente por el largo tiempo que las investigaciones estuvieron secretas.

Los abogados continuarán planteando cuestiones previas en la sesión que se celebrará mañana martes. El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que ya ha juzgado asuntos de blanqueo como los casos Intelhorce y Fara, podrá resolverlas en un auto antes de que comiencen los interrogatorios de los acusados y los testigos y peritos, o bien zanjarlas en la sentencia.