Los 'macrojuicios' por corrupción arrancan en Málaga

La Ciudad de la Justicia de Málaga abre desde hoy -si no hay sorpresas de última hora- su particular ciclo de macrojuicios de corrupción. Y lo hace con el conocido como caso Ballena Blanca, la causa sobre blanqueo de capitales destapada en marzo de 2005 y centrada en el despacho marbellí del abogado Fernando del Valle, quien supuestamente introdujo en el circuito legal 12 millones de euros pertenecientes a diversos delincuentes internacionales. El fiscal pide para el letrado de origen chileno 15 años de cárcel y multas por valor de 37,1 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública y contra la administración de justicia. Junto a él están acusadas otras 18 personas, entre ellas empleados de confianza y clientes del letrado y dos notarios con despacho en Marbella.

18 personas más están imputadas en este caso de blanqueo de capitales

El caso Ballena Blanca fue instruido por el entonces magistrado titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, quien posteriormente se haría célebre por la investigación del caso Malaya, que está previsto que se juzgue otoño. En abril de 2004, tras la detención del narcotraficante de origen argelino Sophiane Hambli, Torres decidió tirar del hilo de las sociedades de aquel, facilitadas por las autoridades francesas. La investigación desembocaba en el despacho DVA Abogados, dirigido por Del Valle. En mayo de ese año, el juez Torres ordenó pinchar los teléfonos del letrado y de su mano derecha en el bufete, Estela Herrera. La investigación permitió descubrir que entre sus clientes había personas con antecedentes por narcotráfico, contrabando de armas, prostitución e incluso homicidio. Y Del Valle supuestamente era consciente de ello.

El 11 de marzo de 2005, 15 equipos policiales tomaron Marbella para practicar registros y detenciones. Desde entonces Marbella ya no sería la misma. La corrupción, parte del paisaje subterráneo de la ciudad tras años de gobierno del GIL y de jueces mayoritariamente insensibles al hedor, afloraba sin remedio. Las distintas fases de la operación policial supusieron la detención de 58 personas -entre ellas el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, que será juzgado en abril en una causa aparte, y en cuyo domicilio se encontraron 770.000 euros fruto de una comisión por la recalificación de un terreno-. Además se bloquearon cuentas con 72 millones de euros en 28 entidades bancarias y fueron incautados 400 inmuebles en distintas urbanizaciones de la Costa del Sol.

La investigación demostró que Fernando del Valle participaba en 194 sociedades en el estado de Delaware (EE UU), cuya normativa fiscal permite ocultar a los verdaderos dueños de los fondos, y en diversos paraísos fiscales; y controlaba 523 firmas, entre ellas varias supuestamente relacionadas con mafiosos que se refugiaban e invertían sus ganancias en la Costa del Sol.

Aunque la cifra de 12 millones blanqueados que considera probada el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero dista mucho de los 250 millones apuntados al principio por la policía, y las ramificaciones ya no afectan a la petrolera rusa Yukos, los delitos que se imputan a Del Valle y a sus asociados siguen siendo muy graves. Según el fiscal, Sophiane Hambli, preso por narcotráfico, consiguió lavar 1,5 millones a través del despacho del letrado chileno mediante una trama de testaferros diseñada por su suegro. El traficante argelino Djamel Talhi, fugado, blanqueó otros 85.000 euros; los estafadores británicos Hervey y Karen Levin ocultaron 277.000 euros con las sociedades de Del Valle; el marsellés Paul Clemente, 1,2 millones... Además, el abogado supuestamente ocultó al fisco 610.845 euros entre 2002 y 2004 y mintió en una declaración ante el juzgado para permitir que el huido Djamel Talhi recuperara 77.047 euros bloqueados, por lo que se le acusa de obstrucción a la justicia.

Además de las penas de prisión y las multas, el fiscal reclama también el comiso del 7,7 millones de las cuentas corrientes de los acusados, así como 29 inmuebles, 34 coches y motos de lujo, dos yates y dos avionetas.

En declaraciones a la Cadena Ser, Federico Morales, magistrado que presidirá el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, declaró que la vista oral, de gran contenido técnico, durará "no menos de ocho meses". Por su condición, Del Valle podrá sentarse en el estrado de los abogados y no en el banquillo. Pero seguirá siendo el principal acusado.