El preso disidente Txelis agradece a 'Egunkaria' su evolución crítica con ETA

El juicio contra cinco directivos del diario vasco Egunkaria se ha reanudado hoy en la Audiencia hoy con la declaración en calidad de testigos de cuatro históricos miembros de ETA, a los que se incautaron documentos que, según las acusaciones, demuestran la vinculación entre el rotativo y la banda terrorista.

El ex dirigente etarra José Luis Alvarez Santacistina Txelis, expulsado de la banda en 1998, ha negado hoy que ETA promoviera el diario y ha asegurado que gracias a "plumas críticas" que escribían en el periódico y que le "fueron impactando" actualmente piensa y actúa "de una manera muy distinta". Txelis ha negado "taxativamente" que ETA haya tratado alguna vez de promover "ningún periódico ni nada que se le parezca".

En la primera jornada del juicio, que comenzó el pasado 15 de diciembre, los cinco directivos -Iñaki Uria, Juan María Torrealday, José María Auzmendi, Xabier Oleaga y Martxelo Otamendi- negaron cualquier implicación con la banda terrorista y se definieron como promotores del euskera que pretendían dar respuesta al "interés" que había en un periódico íntegramente en euskera. Uria aseguró no saber "nada" de los documentos incautados a ETA y reconoció que cuando se publicaron en prensa causaron un "gran revuelo".

Los etarras que han comparecido hoy son los dos presos críticos José Luis Álvarez Santacristina Txelis, ex responsable del aparato político de la banda, y Carmen Guisasola, expulsada por la dirección de ETA en 1998. Además, acudirán a la Audiencia Nacional José María Dorronsoro Malaxetxeberria, también en prisión, y José Domingo Aizpurua Pitxas, que fue puesto en libertad en Francia el pasado mes de diciembre.

El pasado noviembre Gisasola firmó y publicó una carta, junto a Joseba Urrusolo Sistiaga, en la que afirmaba que sería "deseable que ETA decidiera el cierre de la lucha armada", aunque señalaba que, si la banda "sigue como hasta ahora", debería ser la izquierda abertzale la que plantease el fin de la violencia como cuestión central de su propuesta.

Los cuatro son testigos a propuesta de la acusación popular representada por Dignidad y Justicia (DyJ), que junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), acusa a los cinco directivos del periódico, clausurado en 2003 por orden del juez Juan del Olmo, de integración en organización terrorista. La Fiscalía pidió el archivo de la causa. Según el escrito de calificación de DyJ, varios documentos incautados a los cuatro miembros de ETA entre 1990 y 1993 demuestran la "vinculación económico-financiera entre la banda terrorista y el periódico y el encuadre de éste en el entramado delictivo de ETA".

Estos documentos sirvieron también de base para el cierre del rotativo ordenado por Del Olmo, para quien el objetivo del diario era facilitar el amparo y difusión, "con apoyo del idioma euskera como cobertura cultural para ello", del ideario terrorista.