A prisión el ex alcalde y el ex aparejador de Llíber por la trama urbanística

La juez que investiga la trama urbanística de venta de chalés ilegales en Llíber (Alicante) ha enviado hoy a prisión al ex alcalde popular José Mas y al ex aparejador del Ayuntamiento tras tomarles declaración por los supuestos delitos de cohecho, estafa y prevaricación. El caso, mientras, no para de crecer. También hoy han sido interrogados por la Guardia Civil el actual alcalde de la población, el socialista Juan Bautista Reus, tres ediles de la corporación -entre ellos el de Urbanismo, del PSPV, y dos concejales del PP- y un ex regidor socialista.

Todos ellos, junto al ex alcalde ahora encarcelado y otro concejal ya fallecido, integraban la corporación en el mandato de 1999 a 2003, cuando desde el Ayuntamiento de Llíber se autorizó la construcción de 300 viviendas en suelo rústico contraviniendo la ley.

La Unidad contra la Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil ha interrogado a Reus y al resto de concejales llamados hoy a declarar para averiguar por qué apoyaron en el pleno la concesión de las licencias de las viviendas irregulares que propuso el entonces alcalde José Mas. Unas horas después de conocerse el ingreso en prisión del ex primer edil, el comité de derechos y garantías del PP valenciano ha comunicado la suspensión cautelar de militancia de Mas "a expensas de los resultados de la investigación".

En prisión por este caso se encuentra ya desde ayer el supuesto cerebro de la operación, el promotor de Xàbia Miguel M., mientras que otros cinco constructores que también han sido detenidos en los últimos días permanecen por el momento en libertad provisional con cargos. En total, han sido arrestadas ocho personas por esta investigación por supuestos delitos de de estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y ordenación contra el territorio.

El caso, en el que la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante actuó de oficio tras la denuncia de uno de los clientes estafados, no es más que la herencia de la fiebre urbanística que se adueñó de Llíber a finales de los noventa, cuando la corporación de este pueblo, que no llega al millar de vecinos, aprobó una ordenanza que permitía la construcción de chalés en parcelas de suelo rústico de 5.000 metros cuadrados (la ley la permite siempre que tenga 10.000 como mínimo). Este resquicio legal provocó un marasmo de operaciones de compraventa de suelo y el desembarco de los promotores de la trama, que pronto vendieron terrenos para edificar. Sus precios oscilan entre los 200.000 euros y el millón.

Los promotores contactaban con el cliente -normalmente de procedencia británica o alemana-, le mostraban y vendían el terreno, preparaban la escritura y obtenían los permisos de edificación. Muchos de estos eran para la restauración de ruinas que no existían o para la instalación de almacenes que nunca iban a existir y que fueron expedidos por el gobierno del alcalde del PP.