Concentración para exigir el valenciano en la función pública

"Sólo un 1,2% de las plazas de la Administración valenciana exige conocer la lengua oficial, a pesar de que entre el 60% y el 65% de funcionarios tiene conocimientos acreditados", ha resumido hoy Diego Gómez, presidente de Escola Valenciana, una de las 75 organizaciones, sindicatos y partidos políticos que reclaman que se exija el conocimiento del valenciano como requisito previo para acceder a una plaza de funcionario de la Generalitat. "Esta situación no se da en ninguna de las autonomías donde conviven dos lenguas y donde la lengua cooficial es determinante para acceder a la función pública, incluso si está gobernada por el PP, como es el caso de Galicia", ha precisado Gómez.

Bajo el lema Sí al valenciano=Requisito Lingüístico, representantes de todas las organizaciones firmantes se han concentrado ante la Consejería de Administraciones Públicas y han exigido -por primera vez de forma unitaria y justo el día en que se cumplen 26 años de la aprobación de la Llei d'Ùs i Ensenyament en Valencià- "una segunda transición", que pasa por "la modificación de la Ley de Función Pública" para introducir este requisito.

"Se trata de adecuar a la realidad lo que ya está demandando la sociedad, como lo demuestra el hecho de que el 65% de funcionarios, de manera voluntaria, ha estudiado por su cuenta y tiene la capacitación lingüística para atender a los ciudadanos en las dos lenguas cooficiales", según Gómez.

En la misma línea, Toni Gisbert, coordinador de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y copromotor de la iniciativa que se ha entregado en la consejería, ha defendido que "la sociedad va por delante del Gobierno valenciano".

"Hay mucha más demanda que oferta en la enseñanza, hay mucha más normalidad en la calle sobre la denominación de la lengua y su uso de lo que parece a veces por las declaraciones crispadas de algunos políticos", ha añadido Gisbert, en referencia a los insultos vertidos por alcaldes del PP como Alfonso Rus, también presidente de la Diputación de Valencia, que está inmerso en un proceso judicial por haber llamado "gilipollas" a los profesores que usan términos que tilda de "catalanistas", como gairebé.