El presidente de la Audiencia asegura que las normas de reparto son claras y ajustadas a la legalidad
El instructor de la causa contra Garzón reclamó esa regulación el pasado viernes a petición del pseudosindicato Manos Limpias
Las normas de reparto de asuntos entre los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional son "claras" y "ajustadas a la legalidad". Así lo ha mantenido este lunes el presidente de ese tribunal, Ángel Juanes, que ha asegurado que habría que preguntar al instructor de la querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra el juez Garzón, Luciano Varela, por qué las pide y la relación que estas guardan con el caso que investiga.
Entre varias pruebas solicitadas por Manos Limpias, el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo decidió el pasado viernes incorporar las normas de reparto y los documentos que contengan las querellas y denuncias sometidas al mismo turno que la que originó el proceso. Hasta ese momento nadie había denunciado irregularidades en el reparto de este caso y, si las hubiera habido, nunca serían responsabilidad de Garzón, que es el investigado, sino del juez de la Audiencia que en ese momento desempeñara las labores de decano.
Juanes ha concedido que "podría discutirse" si esas normas, que deciden en qué juez recae la investigación de cada caso que llega al tribunal, podrían mejorarse. Pero ha asegurado que "se ajustan a la legalidad", ya que fueron aprobadas por los propios jueces y confirmadas por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
El presidente de la Audiencia ha recordado también que las normas de reparto fueron objeto de una modificación puntual el mes pasado "para dotarlas de mayor automatismo" y que su nueva redacción fue trasladada los medios de comunicación para darles la mayor publicidad posible.
El Supremo decidirá el valor de las reparaciones de víctimas de la Guerra Civil
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha asegurado hoy que será la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la que decida sobre el valor jurídico de las declaraciones de reparación para víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco que emite el Ministerio de Justicia en aplicación de la Ley de la Memoria. Esa Sala será la que tendrá que valorar si esas declaraciones podrían dar lugar a la revisión y anulación de las sentencias ya que consideran los juicios y consejos de guerra que las dictaron ilegítimos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha pronunciado en el mismo sentido, y ha recordado que esas declaraciones se entregan "sin perjuicio de las acciones penales que correspondan" a las víctimas, tal y como establece la ley, aunque, en su opinión, más que un valor jurídico, esos documentos tienen un valor de "reparación personal y propio".
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