El juez retira la primera orden de ingreso en prisión en Madrid por un accidente laboral

El juez ha retirado la primera orden de ingreso en prisión en Madrid por un accidente laboral. El Juzgado de Ejecuciones Penales nº 7 de Madrid había ordenado cárcel para dos arquitectos, un empresario y un encargado de obra, responsables de la muerte de dos trabajadores. Los cuatro estaban condenados a dos años, seis meses y otros tantos de inhabilitación por el accidente laboral que costó la vida a los trabajadores José Antonio Corona Trigo y José Antonio Herranz González, el 21 de mayo de 2001, mientras desmontaban un andamio motorizado en Madrid. No obstante, al final no tendrán que entrar en la cárcel tras alegar su elevada edad.

Los condenados son los arquitectos Emilio Antonio Rodríguez Castell y Pablo Queraltó Gómez, el empresario Jacinto Calvente Crespo, dueño de CMAQ y el coordinador de Seguridad Juan Angel Baigorri. El Consejo de Ministros los denegó el indulto.

Sin formación ni vigilancia"

Según la sentencia que les condenó en 2006 "sin formación previa, sin conocimientos y sin vigilancia por parte de un responsable cualificado, los trabajadores fallecidos emprendieron el desmontaje de los andamios y uno de ellos cometió un error fatal después de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, dio al botón de subida, en lugar del botón de bajada y la plataforma subió por el tramo que ya había quedado suelto, con lo que se desplomó al suelo con los trabajadores dentro, que murieron por las heridas sufridas en la precipitación".

"Todo el plan de seguridad diseñado falla desde el principio", según la sentencia. Ni el andamio motorizado estaba contemplado ni se preveían medidas de seguridad para evitar los riesgos. Tampoco había cinturones ni arneses. Además, el juez vincula el accidente con la falta absoluta de formación de los trabajadores. Uno de ellos pertenecía a una empresa de trabajo temporal, por lo que legalmente no podía dedicarse a una tarea peligrosa como el desmontaje de andamios. El empleado estaba contratado para barrer. La otra víctima tampoco había recibido formación para este trabajo.

Los acusados "se desentendieron por completo de la seguridad de la obra", del coordinador y del delegado de seguridad, que "sus funciones eran más formales que reales", según la sentencia.