La Fiscalía investiga si hubo delito en las maniobras militares en Alfés

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona ha visto indicios de delito en las maniobras que realizó el pasado mes de junio el Ejército Español en el aeródromo de la población leridana de Alfés, que se encuentra en medio de un tomillar declarado zona protegida de aves por la Unió Europea. El Ministerio Público ha decidido abrir una investigación respondiendo así a una denuncia del colectivo ecologista.

Ipcena y la Federación Ecologista de Cataluña denunciaron a la Generalitat por haber permitido que entre los días 21 y 25 de junio unos 400 paracaidistas realizaran ejercicios militares en este espacio natural, donde viven varias especies de aves amenazadas y en peligro de extinción.

En concreto, los ecologistas denunciaron a Oriol Balagué, director general de Puertos, Aeropuertos y Costas del Departamento de Obras Públicas, por haber dado la autorización, y a Núria Buenaventura, directora general de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente, por no haber evitado que se otorgara dicho permiso.

Aunque los hechos ocurrieron en Lleida, atendiendo a que los organismos a los que pertenecen los altos cargos denunciados tienen su sede en Barcelona, ha sido el Fiscal de esta demarcación el que ha ordenado a los Agentes Rurales de la Generalitat abrir una investigación para determinar si incurrieron en una infracción penal. Los ecologistas les acusan de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El portavoz de Ipcena, Joan Vàquez, se ha mostrado muy satisfecho con el inicio de esta investigación. "Ahora lo importante es que los que dieron la autorización para entrar en el tomillar acaben siendo inculpados, porque no puede ser que Cataluña sea el primer territorio de la Unión Europea en el que se ha permitido entrar en un espacio natural a militares. Es como si se les hubiese dejado entrar en un museo", ha señalado.

Vàquez ha explicado también que aunque consideran que la Generalitat es la única responsable de lo ocurrido al otorgar la autorización, también han pedido que se investigue si desde el Ministerio de Defensa se incurrió en alguna irregularidad, ya que "deberían haber sabido que era ilegal hacer esas prácticas allí". Por ello, los ecologistas han enviado una carta a la ministra de Defensa, Carme Chacón, pidiéndole que cree "un código ético que impida que se vuelva a producir una situación similar". El incidente también llegará al Parlamento de Cataluña a través de una pregunta que realizará la diputada leridana Marta Alós (CiU).