Historia de un pelotazo en Calp

La acusación consideró probado en un juicio celebrado ayer que en 1999 el ex concejal de Servicios Técnicos de Calp Manuel Roura -que pertenecía a EU pero tenía competencias bajo el gobierno del PP- utilizó información privilegiada para "pegar un pelotazo urbanístico" y obtener beneficios económicos en una permuta realizada por el Ayuntamiento para la construcción de una subestación eléctrica. El fiscal añadió que Roura contó con la "permisividad" del resto de la corporación y comparó la gestión urbanística de esta última con la de Marbella.

Por este caso, que ha quedado visto para sentencia, además del ex edil de EU también está imputado su tío carnal, Jose María García Guijosa, quien era el administrador de la empresa Hariolus Europa, cuyas acciones, según el registro mercantil, eran compartidas al 50% por Roura y por su ex esposa, Francisca Sevilla, quien también trabajaba en el área municipal de Servicios Técnicos. En menos de 4 meses -entre noviembre de 1999 y febrero de 2000- Hariolus se las arregló para comprar a un propietario de Calp por diez millones de pesetas una parcela de suelo no urbanizable y vendérsela después a cambio de unidades de aprovechamiento urbanístico equivalentes a 60 millones al Consistorio para edificar la subestación. Por estos hechos, el fiscal imputa a los dos acusados los delitos de tráfico de influencia y negociación prohibida para autoridades, a los que la acusación popular añade el de uso de información privilegiada.

Según el relato d el fiscal, la trama comenzó a urdirse en julio de 1999, cuando Calp sufría constantes apagones de luz y exigía nuevas instalaciones que los remediaran. Justo este mismo mes, Guijosa gestionó la compra de Hariolus Europa, una empresa inactiva de un empresario de Ontinyent. El 25 de noviembre, Guijosa y Roura escrituraron esa firma en Alicante y sólo 24 horas después firmaron en el despacho profesional de Roura un contrato de compra con el propietario de la parcela de la futura subestación, un vecino de Calp de 87 años, al que pagaron 10 millones al contado.

El fiscal añadió que en la concejalía de Servicios Técnicos que Roura había dirigido hasta abril de ese año había información privilegiada que constaba que esa parcela era la idónea para que Iberdrola pudiera construir la subestación: "Por un lado, sabían de las necesidades que tenía Calp de mejorar su suministro de luz y por otro se aprovecharon de un señor muy mayor y poco conocedor de los cambios que había sufrido el PGOU para comprar la parcela". Según el ministerio público "todo estaba amañado": en aquel contrato actuaron como testigos una persona de confianza del área de Servicios Técnicos - que después acabó convertida en secretaria de Roura- y un trabajador de la concesionaria de la basura que actúo como intermediario.

A partir de ese instante, en todos los trámites sólo aparece Guijosa, pero la acusación cree que era Roura el que manejaba los hilos en la sombra y que su tío sólo era un testaferro. El 2 de febrero de 2000, Guijosa firmó el convenio de cesión de la parcela con el entonces alcalde, Javier Morató, y el edil de Urbanismo, José Perles, ambos del PP a cambio de 4.835 unidades de aprovechamiento urbanístico. El 15 de febrero, el pleno aprobaba ese convenio por unanimidad para ceder después la parcela a Iberdrola. Y el 15 de marzo Hariolus Europa vendía por 60 millones las unidades a un conocido empresario de Calp, Salvador Torregrosa quien, por cierto, una década más tarde aún no ha podido convertir esas unidades en viviendas debido a problemas con el registro, tal y como declaró ayer.

El fiscal se preguntó cómo era posible que los concejales que aprobaron en el pleno aquel convenio no supieran que Guijosa era tío de Roura y que por lo tanto se estaba urdiendo una trama. De hecho, ayer, Morató y Perles se contradijeron: el primero dijo que no conocía esa vinculación familiar y el segundo que sí, aunque la misma no constaba en el expediente. En la actualidad Morató es el primer teniente de alcalde en el ejecutivo del nacionalista Ximo Tur y Perles es de nuevo el concejal de Urbanismo.

Por su parte, Roura aseguró que se limitó a ejercer de abogado de su tío y dijo que ni él ni su esposa pertenecían a Hariolus y que si así constaba en el registro mercantil era por culpa de un error de su gestor. En la vista, su ex esposa añadió que "mi marido tenía tantas empresas que ni me acuerdo de si Hariolus era una de ellas". Roura también subrayó que la idoneidad de aquella parcela para la subestación "era conocida por todo el mundo, pues la homologación del PGOU estaba expuesta al público desde 1998". Y concluyó que no acudió a votar al pleno en el que se aprobó el convenio, con lo que no intercedió a favor de su tío.

Por último, la abogada de este último señaló que si Guijosa aceleró los trámites para comprar la parcela que después revendería al Ayuntamiento fue porque "mi cliente es un empresario, no una ONG". El propio Guijosa añadió que si compró una empresa inactiva como Hariolus era "porque estábamos en la época del boom de la construcción y había que darse prisa en tener sociedades para adquirir terrenos". Cuando el fiscal le hizo ver que la parcela en cuestión era suelo rústico y que no podría haber edificado en ella, matizó que "en realidad la quería para guardar herramientas, aunque después en un bar, me enteré de que allí se podía construir la subestación; en Calp, es en los bares donde se saben esas cosas"., concluyó el acusado.