El Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de Extranjería

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que aborda, entre otras cuestiones, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes de expulsión quedarán paralizados desde el momento en que realicen la denuncia. La nueva Ley de Extranjería castigará a quien incite y apoye la inmigración ilegal, pero no al "acogimiento humanitario", y ampliará el plazo de internamiento a 60 días, aunque habrá más apoyo de las ONG.

"Con este proyecto se pasa de una ley de extranjería a una ley de inmigración" que es "equilibrada y garantista", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo. La ley, que según De la Vega "aborda cuestiones de Estado" ha sido ya remitida al Parlamento para iniciar su tramitación.

Por medio de un comunicado, el Gobierno ha explicado que esta reforma era "inaplazable" por la necesidad de adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las directivas aprobadas en la Unión Europea. El texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, ha añadido.

Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley reformula la sanción que persigue la promoción de la inmigración irregular "para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria", pero mantiene la persecución de quienes provocan la entrada y estancia de un extranjero como turista, y además, sostienen su estancia irregular, informa EFE.

Legal, ordenada y con derechos y obligaciones

Con esta reforma, el Gobierno confía lograr una inmigración "legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos", para lo que ha "apostado por el consenso, el rigor y la eficacia". Así, la vicepresidenta ha destacado que el proyecto de ley "perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo", aumenta lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.

También se reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 o "existan casos humanitarios" y posibilitando la de las parejas de hecho.

El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.

Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.

En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.

Asimismo, el proyecto contempla una serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.