El Gobierno valenciano cuantifica en más de 10.000 millones de euros el maltrato de Zapatero

El Gobierno valenciano se esforzó hoy para eludir toda responsabilidad en la ingente deuda de 13.202 millones de euros que acumula la Generalitat y responsabilizar de la misma al Ejecutivo central, que preside José Luis Rodríguez Zapatero. El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, desplegó toda su capacidad didáctica para transmitir la idea de que "los incumplimientos y discriminaciones" del Gobierno central han ocasionado "serios daños" en las cuentas públicas de la Generalitat y las han colocado en una situación "de tensión". Según el Ejecutivo que preside Francisco Camps, los rotos son los siguientes: 2.156 millones de euros "en incumplimientos"; 3.762 millones en "discriminaciones"; 1.200 millones (anuales) en "financiación autonómica"; y 2.340 millones en "inversiones estatales por población". En total, según las cuentas del Consell, el maltrato del Gobierno central asciende a más de 10.000 millones de euros.

Rambla puso nombre a los responsables de los incumplimientos (la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega; el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta; y los ex ministros de Administraciones Públicas Jordi Sevilla y de Sanidad Bernat Soria) y cifró las promesas no realizadas en 72.

Rambla justificó el endeudamiento con el argumento de que la Generalitat no puede dar la espalda a cinco millones de valencianos, cuando el Gobierno sólo reconoce a cuatro a la hora de financiar los servicios básicos. En su exposición, Rambla no hizo ninguna autocrítica respecto a la política de gasto del Consell, que sigue apostando por los grandes eventos.

El vicepresidente se explayó, fundamentalmente, en lo que el Consell considera incumplimientos y discriminaciones.

En el primer capítulo Rambla realizó la siguiente enumeración: 140 millones para la ley de Dependencia; 30 millones para crear una Fundación de la Biodiversidad; 22 millones para plantar 4,5 millones de árboles; 60 millones para un centro internacional de nuevos creadores y un Museo Internacional del Mediterráneo; 429 millones para crear 30.000 plazas escolares para niños de 0 a 3 años.

A estos incumplimientos añadió 540 millones en la conexión la A7 hasta Tarragona o en las circunvalaciones de Castellón-Benicassim y Vinaròs-Benicarló; 20 millones para la potabilizadora de l'Assut de la Marquesa; 45 millones para el segundo hospital de La Marina Baixa; 50 millones para el Centro de Investigación Biomédica; 11,4 millones para condonar los préstamos a los damnificados por la rotura de la presa de Tous; 150 millones para incorporar 5.000 investigadores a la Comunidad Valenciana; 24 millones para un centro internacional de Culturas Mediterráneas y 4 millones para el parador de Morella.

La lista de incumplimientos del Gobierno, según el Consell, se completa con promesas no cuantificadas como la autovía A-68 hasta Vinaròs; la variante N-340 entre Castellón y Benicassim; la segunda fase de la ampliación del aeropuerto de Manises; la circunvalación de La Safor y obras en el puerto de Gandia. La relación se engorda, además, con la comisaría de Vinaròs; los cuarteles de Onda y Almassora; 60 hectómetros cúbicos de agua para Castellón y 3.000 puestos de trabajo para discapacitados en Alicante.

La relación de discriminaciones elaborada por el Consell no es menos extensa. Rambla recriminó al presidente del Gobierno que sólo haya realizado una "visita institucional a la Comunidad Valenciana" y le achacó la pérdida de 1.200 millones en fondos europeos (sin especificar); la derogación del trasvase del Ebro; "un crédito para la Copa del América frente a los 24.043 millones de las Expo de Zaragoza y Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona; y haber dejado de percibir 1.000 millones para grandes eventos "que sí han recibido otras comunidades".

El portavoz del Gobierno valenciano también recriminó al Ejecutivo central que no haya fecha para el AVE a Alicante y Castellón; "ninguna gestión" para el corredor mediterráneo y el "nulo apoyo inversor" al aeropuerto de Castellón. Rambla también acusó al Ejecutivo socialista de no licitar 850 millones del protocolo de carreteras Generalitat-Estado y de no aportar 381,7 millones a la ley de Dependencia. Los reproches al Gobierno incluyeron conceder sólo 76 de los 121 juzgados solicitados; invertir 1,4 millones en el Palau de les Arts cuando, en su opinión tendrían que haber sido 70; y no haber dado 150 millones para el nuevo hospital La Fe.

Aquí no acaba el maltrato del Ejecutivo central, según Rambla, que acusó al Gobierno de no haber dadto 13 millones más para inmigración y otros 39 del Fondo de Compensación Interterritorial para Educación. El Ejecutivo valencianol tampoco perdona a Zapatero no haber revisado el modelo de financiación autonómica y haber escamoteado 2.340 millones de euros en inversiones adicionales si se hubiese tenido en cuenta el incremento de población.

Aunque la reunión del Consell se centró en la recopilación de los agravios cometidos, supuestamente, por el Gobierno central; el vicepresidente social Juan Cotino también presentó un informe en el que asegura que es intención de la Generalitat destinar entre este año y 2015 un total de 480 millones de euros para atender a las personas con enfermedad mental.

Además de estos temas, el Ejecutivo que preside Francisco Camps también aprobó la concesión de la alta distinción de la Generalitat al cooperante Vicente Ferrer, fallecido recientemente. El resto de asuntos fueron de trámite. Tanto, que la portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, Mònica Oltra, afirmó que las reuniones del Consell demuestran su paralización, ya que parece más "una reunión de los jefes de sección que de un gobierno autonómico".