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Castilla y León impide el paso de un autobús municipal bajo los arcos del Acueducto de Segovia

El Ayuntamiento había modificado la línea que cubre este vehículo, lo que hizo necesario que pasara bajo el monumento

Una resolución dictada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Luciano Municio (PP), para impedir el paso de un pequeño autobús eléctrico bajo los arcos del acueducto de Segovia, ha encendido la polémica en torno a la protección del monumento romano, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

El lunes pasado, el Ayuntamiento modificó la línea que cubre este vehículo que conecta el entorno del acueducto con el recinto histórico, lo que hace necesario el paso bajo los arcos centrales. Sin embargo, el jueves, el gobierno regional suspendió el servicio, como medida cautelar, hasta que se pronuncie la Comisión de Patrimonio, al considerar que se ve afectado un elemento catalogado monumento nacional y que se vulnera la Ley de Patrimonio Histórico.

Mientras que el autobús seguía con su actividad normal, este viernes el alcalde socialista Pedro Arahuetes ha pedido a Municio que anule la resolución, si no quiere incurrir en posible prevaricación, por no ser un tema de su competencia. Para el alcalde, si se mantiene la suspensión debería prohibir también la circulación de vehículos en todo el recinto amurallado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de conjunto histórico y Patrimonio de la Humanidad, y solicitar informes sobre la repercusión del paso de vehículos y de personas en todos los entornos BIC.

Asimismo, Arahuetes pregunta a Municio si no cree que contaminan más las personas o chimeneas del entorno al acueducto que el paso del microbús eléctrico ecológico bajo uno de sus arcos. Hasta 1992, bajo los pilares centrales circulaban una media de 22.000 vehículos diarios, hasta que se eliminó el tráfico, pero no así del entorno, ya que a pocos metros de los sillares del acueducto sigue existiendo circulación y se permite el paso de vehículos policiales y de emergencias.

La Junta de Castilla y León expropió las últimas plantas de un polémico edificio junto al monumento, pero permitió que se construyera el resto, ahora convertido en un hotel, mientras que tampoco se han impedido la celebración de eventos o conciertos que provocan grandes vibraciones.

El autobús, que costó 238.000 euros, tiene una autonomía de ocho horas y cuenta con baterías de sodio que hay que recargar durante cinco horas. Con capacidad para 28 personas -ocho sentadas y 19 de pie y una para silla de ruedas-.