El instructor del Poder Judicial propone archivar la investigación por los cobros de Garzón en EE UU

El instructor de la investigación abierta en el Consejo General del Poder Judicial al magistrado Baltasar Garzón por el cobro de 200.000 euros por unos cursos que impartió durante su estancia en Nueva York ha propuesto el archivo de la causa al entender que el caso ha prescrito y considerar que el fondo del asunto tampoco es motivo para una sanción al juez.

El 11 de marzo pasado, el Consejo del Poder Judicial acordó por unanimidad investigar el caso, tras conocer un auto del Tribunal Supremo que atribuía a Garzón una supuesta "falta muy grave" de faltar a la verdad al no haber pedido la compatibilidad para ejercer actividades retribuidas durante su licencia de estudios en Nueva York.

Antes del auto del Supremo, el Consejo había decidido ya archivar la denuncia de un abogado por el mismo motivo. Fuentes cercanas a Garzón han explicado que la petición de la licencia de estudios para realizar una actividad no jurisdiccional implica por sí misma una petición de compatibilidad para realizar actividades retribuidas. Pero el ponente del auto del Supremo, Luciano Varela, no lo entendió así y sostuvo en su resolución que Garzón no advirtió al Poder Judicial de los ingresos percibidos, ni consta que le autorizasen la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida. Y añadía que las cantidades superarían con mucho los límites fijados en la ley 53/1984 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Otras fuentes, sin embargo, indicaron que esa norma no sería aplicable al caso de Garzón, dado que se refiere a la compatibilidad entre dos puestos del sector público, mientras que los honorarios del juez procedían de un servicio del sector privado en el extranjero.

El propio juez desmintió en su día que hubiera tratado de ocultar las cifras que percibió como profesor en Nueva York y que actuara con mala fe o con afán de ocultar al Consejo información sobre sus retribuciones. Garzón indicó que si hubiera tenido intención de no informar de sus retribuciones no habría declarado sus ingresos al fisco de EE UU y al español, tal y como hizo. Y se extrañó mucho de que este asunto hubiera salido cuatro años después de ocurridos los hechos, coincidiendo con los ataques generalizados que está sufriendo tras presentar su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional.

Las faltas disciplinarias muy graves, como la que el magistrado del Supremo quiso ver en este caso, prescriben a los dos años. La supuesta falta de no decir la verdad se habría cometido en noviembre de 2004 al pedir la licencia de estudios y al pedir la prorroga en diciembre de 2005. Incluso tomando como fecha la vuelta a España de Garzón, en junio de 2006, la falta habría prescrito en junio de 2008.