IU e ICV dan seis meses al Gobierno para desarrollar la Ley de Memoria Histórica

Los diputados de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y de Iniciativa por Catalunya Verds en el Congreso, Joan Herrera, han registrado una moción para impulsar la ley de Memoria Histórica 15 meses después de su aprobación. La iniciativa es consecuencia de la interpelación urgente de Herrera al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el pasado miércoles, sobre las medidas que el Gobierno tenía previsto aprobar para hacer efectiva la aplicación de la ley. La moción se debatirá y votará en el próximo pleno( del 14 al 16 de abril).

Izquierda Unida e ICV instan al Gobierno a aprobar "antes del final del presente periodo de sesiones" todas las disposiciones necesarias para el desarrollo completo de la ley de memoria; a dotar con "recursos suficientes" la recién inaugurada Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; a "dar prioridad" en las próximas convocatorias de subvenciones a los proyectos de identificación y localización de desaparecidos; a "garantizar todos los recursos necesarios" para que los descendientes directos de las víctimas puedan recuperar los restos enterrados en las fosas y a "interpretar o modificar" las normas que regulan el derecho de indemnización de las víctimas de la dictadura para que puedan ser beneficiarios los familiares directos de "todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la ley de amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición a la dictadura".

Cumplidos 15 meses desde la aprobación de la ley y 70 años del fin de la Guerra Civil, IU e ICV establecen plazos de seis meses para que el Gobierno elabore un protocolo de exhumaciones, un mapa de fosas al que tengan acceso todos los ciudadanos, y un catálogo de vestigios relativos al franquismo con la consiguiente retirada de subvenciones o ayudas públicas a las instituciones o propietarios privados que se nieguen a retirarlos.

También dan un plazo de seis meses para la modificación de los estatutos de la Fundación gestora del Valle de los Caídos de forma que incluya entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria" de todas las personas fallecidas a consecuencia de la guerra y de la represión política posterior y para el establecimiento de un marco institucional para impulsar "políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática".

La moción establece un año de plazo para que el Gobierno complete, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, "un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos" por presos republicanos. También incluye la creación de una fiscalía especializada de apoyo a los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura antes de que termine el año y un Alto Comisionado de Apoyo a las víctimas y que todos los fondos documentales relativos a aquella etapa se agrupen en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. IU e ICV proponen, en suma, que el Ejecutivo, "garantice" todos los recursos necesarios para que los descendientes de las víctimas, la mayoría de avanzada edad, logren localizar y exhumar a su familiares desaparecidos lo antes posible.